El Tribunal Constitucional abrió una nueva etapa en la disputa judicial por la Ley de Fraccionamiento, luego de recibir argumentos de distintas partes involucradas en el requerimiento presentado por Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A. (Emdepes), filial del grupo japonés Nissui.
Según consignó El Ciudadano, el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) participó en la audiencia convocada por el TC para defender la constitucionalidad de la Ley N° 21.752.
La empresa cuestiona los artículos 1°, 2° y 1° transitorio de la normativa, argumentando que la redistribución de cuotas de captura equivale a una expropiación y vulnera garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad.
Por qué importa
La intervención del Tribunal Constitucional podría transformarse en uno de los capítulos judiciales más relevantes abiertos tras la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento.
La normativa modificó el reparto histórico de cuotas entre el sector industrial y artesanal en distintas pesquerías estratégicas.
Emdepes, titular de Licencias Transables de Pesca para merluza del sur y congrio dorado en Los Lagos, Aysén y Magallanes, sostiene que el nuevo esquema afectó derechos previamente asignados.
Desde el sector artesanal, en cambio, el argumento apunta a que la ley corrigió una distribución históricamente concentrada en favor de grandes compañías.
En representación de más de 60 mil pescadores artesanales, Condepp acudió al TC para respaldar la constitucionalidad de la normativa.
En qué consiste
El Tribunal Constitucional escuchó los planteamientos de cuatro partes involucradas en la causa: Emdepes, el Consejo de Defensa del Estado, Aquality Limitada y Condepp.
La empresa requirente sostiene que la Ley N° 21.752 redujo sus cuotas de captura de forma equivalente a una expropiación, además de invocar el tratado de inversiones firmado entre Chile y Japón en 2007.
La abogada de Condepp, Victoria Martínez, argumentó que el requerimiento presenta problemas de admisibilidad y defendió que las autorizaciones pesqueras no constituyen derechos de propiedad sobre los recursos marinos.
“La Ley N° 21.752 es una política regulatoria legítima que redistribuye el acceso a un recurso natural de uso público”, sostuvo la jurista durante la audiencia.
La defensa del sector artesanal además citó jurisprudencia previa del propio Tribunal Constitucional, particularmente el denominado “Caso Jibia”, donde se estableció que la actividad pesquera opera bajo un alto riesgo regulatorio.
El Consejo de Defensa del Estado también pidió declarar inadmisible el requerimiento, argumentando que otras normas no cuestionadas igualmente regulan el funcionamiento de las Licencias Transables de Pesca.
La gestión judicial se encuentra vinculada a recursos presentados contra decretos que fijaron las cuotas globales de captura para 2026 utilizando el nuevo esquema de fraccionamiento.
Qué viene ahora
El Tribunal Constitucional deberá resolver primero la admisibilidad del requerimiento antes de avanzar hacia una eventual discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley.
La causa se mantiene bajo atención tanto del sector industrial como de organizaciones vinculadas a la Pesca artesanal, debido al impacto que podría tener sobre el nuevo sistema de distribución de cuotas.
En paralelo, continúan abiertos otros frentes judiciales y políticos relacionados con la implementación de la Ley 21.752 y el debate sobre derechos históricos de captura en Chile.
