Comisión de Pesca suma nueva tensión tras ausencia de ministros de Hacienda y Economía
La sesión de este miércoles 15 de abril estuvo marcada por la inasistencia de los titulares de Hacienda y Economía, quienes debían explicar el bono de combustible comprometido al sector artesanal. El subsecretario Osvaldo Urrutia concurrió en su lugar, defendió el retiro del proyecto de nueva ley de pesca y salió de la sala antes de que la oposición pudiera interrogarlo. El debate incluyó cuestionamientos a Antonella León, nueva asesora del subsecretario, quien en el período anterior era parte del equipo del cuestionado diputado Bobadilla
Una tensa comisión de pesca se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados. El presidente de la comisión, diputado Alejandro Bernales (PL), abrió recordando que la instancia había sido convocada originalmente para recibir a los ministros de Hacienda y de Economía, quienes por tercera vez no llegaron a la cita.
Bernales no ocultó su malestar. Señaló que la comisión requiere respuestas de fondo sobre las medidas comprometidas para el sector pesquero artesanal, y que la reiterada ausencia ministerial dificulta el ejercicio de la labor fiscalizadora del Congreso. La diputada Carolina Tello (FA) reforzó ese reproche durante la sesión y, al cierre, solicitó formalmente que se oficie a los ministros de Hacienda y Economía para que propongan una fecha concreta de asistencia. En tanto, la diputada Andrea Macías (PS) sostuvo las mismas críticas.
Lo que dijo el subsecretario Urrutia: el bono, el retiro y la pesca ilegal
En representación del Ejecutivo expuso el subsecretario Urrutia, enfocado en tres materias.
Sobre el bono de combustible, detalló que consiste en un voucher canjeable, no dinero en efectivo, de $100.000 mensuales por hasta seis meses, con un tope de $600.000, dirigido a titulares de embarcaciones artesanales de hasta 12 metros de eslora con RPA vigente y actividad acreditada durante 2025.
La estimación del Ejecutivo alcanza a 7.645 embarcaciones beneficiarias. Precisó que el financiamiento provendría de una transferencia desde DIPRES al Ministerio del Interior, sin afectar los fondos de INDESPA ya aprobados en la Ley de Presupuestos. El mecanismo específico de distribución estaba aún en definición en Interior al momento de la sesión.
Sobre el retiro del proyecto de nueva ley de pesca, Urrutia lo defendió señalando que «no era una ley», y que el Ejecutivo tiene la facultad constitucional de retirar proyectos en esa etapa. En lo técnico, señaló que el gobierno considera insuficiente e inadecuado el enfoque de ciencia e investigación del texto retirado, y que busca reemplazarlo con una propuesta más ambiciosa en sustentabilidad y manejo pesquero.
Sobre pesca ilegal, respondió brevemente a una consulta del diputado Diego Vergara (REP) sobre su participación reciente en una instancia regional en Argentina. Explicó que Chile integra junto a Brasil, Uruguay y Argentina un esfuerzo de largo plazo para combatir la pesca ilegal, centrado en intercambio de experiencias y creación de capacidades, destacando que el país tiene un rol protagónico en ese grupo.
La asesora cuestionada
Uno de los momentos de mayor tensión fue el cuestionamiento a Antonella León, quien figura como asesora del Subsecretario Urrutia y que estuvo presente en la sesión. Representantes de la Alianza Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal, encabezados por Hernán Cortés, señalaron que León había sido anteriormente asesora del diputado Sergio Bobadilla (UDI), lo que, a su juicio, configura un vínculo directo entre la subsecretaría y uno de los parlamentarios más activos en la defensa del sector industrial durante la tramitación del proyecto retirado.
Bobadilla respondió sin incomodidad aparente: defendió la incorporación de León al equipo de Subpesca, la calificó como un nombramiento legítimo y rechazó que la trayectoria de una asesora sea motivo de cuestionamiento político. González (RN) también objetó el tono de las alusiones personales.
Urrutia se va antes de las preguntas
Tras exponer y replicar a las organizaciones artesanales, el Subsecretario Urrutia abandonó la sala antes de que la ronda de preguntas de los diputados de oposición pudiera completarse. La diputada Tello (FA) lo señaló con dureza que no había podido formularle ninguna pregunta y que esa salida anticipada es una muestra más de la falta de disposición del Ejecutivo a rendir cuentas ante el Congreso en materias pesqueras. El reproche quedó registrado en la sesión sin respuesta de la autoridad, que ya no estaba en la sala.
Las organizaciones artesanales y el debate por el retiro
La segunda parte de la sesión estuvo dominada por las exposiciones de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal y de la Alianza Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal. Ambas rechazaron el retiro del proyecto que buscaba reemplazar la actual legislación pesquera, cuya tramitación tomó más de dos años en el gobierno anterior.
Sara Garrido, presidenta de la Red, enumeró los contenidos concretos que el proyecto ya contemplaba para las mujeres del sector: suspensión de la caducidad del RPA para embarazadas, reconocimiento reforzado de actividades conexas, plataforma social con foco en pesca de subsistencia y pequeña escala, y mejores mecanismos de participación. Solicitó que esos contenidos sean reincorporados en cualquier propuesta futura.
Cortés, en representación de la Alianza, fue más confrontacional. Sostuvo que el proyecto retirado no buscaba refundar el sector sino recuperar el Estado de Derecho en una actividad cuya ley vigente, la denominada Ley Longueira, fue tramitada bajo condenas posteriores por cohecho y fraude al fisco. Su lectura del retiro fue política: el gobierno bajó el proyecto cuando se aproximaba la discusión sobre el sistema de asignación de cuotas industriales, particularmente la brecha entre las licencias.
Por su parte, los diputados Bobadilla (UDI) y Vergara (REP) respaldaron el retiro. El primero lo calificó de «valiente» y reivindicó la facultad constitucional del Ejecutivo. El segundo llamó a construir una regulación que permita la coexistencia entre pesca artesanal e industria, evitando convertir en puramente política una discusión sobre una actividad económica. El diputado Jorge Brito (FA) sostuvo, en contraste, que la mayor deuda pendiente del sector es la “vigencia de la Ley Longueira,” y recordó que el proyecto de nulidad duerme en la Comisión de Constitución.
El diputado Bernales (PL) cerró anunciando que la próxima sesión será, en principio, la última dedicada a escuchar organizaciones sobre el retiro del proyecto, con un máximo de dos invitados por parlamentario y cierre de nóminas el viernes 17 de abril.
