Un grupo de senadores de oposición ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional solicitando declarar inconstitucional la patente especial al jurel incluida en la Ley de Fraccionamiento. El texto plantea que se trata de un impuesto encubierto aprobado sin cumplir las exigencias constitucionales.
La Ley de Fraccionamiento Pesquero, recientemente despachada por el Congreso, incorporó a última hora un mecanismo de financiamiento que no estuvo exento de controversias: una patente especial que deben pagar los armadores industriales por las cuotas de jurel adquiridas en la Zona Económica Exclusiva.
En respuesta, un grupo de senadores de oposición presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, solicitando declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo que crea este cobro, al considerar que vulnera la Constitución en su forma y fondo.
¿Quiénes presentaron el recurso?
El requerimiento fue ingresado por los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN), Alejandro Kusanovic (Ind. pro RN), David Sandoval (UDI) y Iván Moreira (UDI), todos representantes de regiones con fuerte presencia del sector pesquero industrial.
Los parlamentarios argumentan que la medida introduce un tributo que no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución, y que su aprobación alteró el contenido original del proyecto sin respetar el procedimiento legislativo correspondiente.
¿Qué impugna el recurso?
El requerimiento se dirige contra el artículo 9 bis, incorporado por el artículo 3 del proyecto de ley, que establece que los armadores industriales con cuotas de pesca en alta mar deberán pagar una patente anual de 1,3 UTM por tonelada, con un mínimo de 250 UTM, a beneficio fiscal.
El recurso sostiene que esta disposición equivale a un tributo, y por tanto, debió cumplir con el procedimiento especial establecido en los artículos 63 N°1, 65 y 68 de la Constitución, que exigen:
- Iniciativa exclusiva del Presidente de la República para establecer tributos.
- Firma del ministro de Hacienda.
- Tramitación en la Comisión de Hacienda de ambas cámaras.
El texto acusa que ninguna de estas condiciones fue cumplida, ya que la norma fue incorporada en Comisión Mixta, no fue patrocinada por el Ejecutivo y tampoco revisada por Hacienda.
¿Cuáles son los argumentos centrales?
El requerimiento desarrolla tres líneas argumentales:
- Violación al principio de legalidad tributaria: Al tratarse de una carga de beneficio fiscal que grava una actividad económica específica (la pesca industrial del jurel), su aprobación sin iniciativa presidencial ni tramitación en Hacienda sería inconstitucional.
- Discriminación arbitraria: La patente se aplica únicamente a empresas industriales con operaciones en la Zona Económica Exclusiva, lo que, según los senadores, vulnera el principio de igualdad ante la ley y crea una carga selectiva sobre un grupo reducido de actores económicos.
- Desnaturalización del proyecto de ley: El artículo impugnado fue introducido cuando ya había terminado la etapa de discusión de fondo, modificando el objeto del proyecto, que no fue concebido originalmente como una ley de financiamiento ni de creación de tributos.
¿Qué buscan los senadores?
El requerimiento solicita que el Tribunal declare que el artículo en cuestión no puede aplicarse en el caso concreto (esto es, al grupo afectado por la patente) por ser contrario a la Constitución, y que se reconozca que su inclusión vulnera el principio de separación de poderes y los procedimientos legislativos establecidos.
La acción constitucional se enmarca en una serie de tensiones políticas que marcaron la etapa final de tramitación de la Ley de Fraccionamiento. Aunque el Gobierno ha defendido la medida señalando que se trata de una patente no tributaria, comparable a una patente municipal, el debate sobre su constitucionalidad ahora queda en manos del Tribunal.
