Con 38 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó este miércoles el informe de la Comisión Mixta sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero, dejando el proyecto en condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo. La votación cerró uno de los debates legislativos más prolongados del año, marcado por disputas entre el Gobierno, la industria pesquera y parlamentarios de regiones costeras.
El proyecto —que redistribuye las cuotas de pesca entre el sector industrial y artesanal en 23 pesquerías— fue impulsado con discusión inmediata por el Gobierno, en el marco de su promesa de avanzar hacia una legislación más justa y participativa en reemplazo de la cuestionada Ley Longueira.
Merluza, jurel y una redistribución de 489 mil toneladas
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto fue el fraccionamiento de la merluza común, que quedó fijado en un 45% para la pesca artesanal y un 55% para la pesca industrial, en caso de que la cuota total sea inferior a 35.020 toneladas. Este resultado generó críticas entre parlamentarios oficialistas, quienes acusaron al Ejecutivo de haber desdibujado un acuerdo previo que establecía una división 50-50.
Además, la norma consagra una transferencia de aproximadamente 489 mil toneladas de recursos pesqueros desde el sector industrial al artesanal, lo que el Gobierno valoró como una redistribución histórica equivalente a unos USD 160 millones anuales.
Controversia constitucional: foco en la “patente” al jurel internacional
La principal controversia durante la sesión fue la incorporación de una patente de 1,3 UTM por tonelada para las compras internacionales de jurel, propuesta como mecanismo de financiamiento para la plataforma social artesanal. Aunque no se trata técnicamente de un impuesto, su inclusión fue objeto de una reserva de constitucionalidad por parte de los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), Carlos Kuschel (RN) y Luz Ebensperger (UDI).
Los senadores argumentaron que la medida podría violar el principio de iniciativa exclusiva del Presidente en materia tributaria y cuestionaron que se tratara de una “patente encubierta” que no fue tramitada por la Comisión de Hacienda de la Cámara, como corresponde en este tipo de materias.
Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la legalidad del proceso. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) descartó la necesidad de separar la votación, mientras que el ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que “se trata de una patente pesquera y no de un tributo”, agregando que su tramitación cumplió con los requisitos establecidos por la ley.
Gobierno celebra redistribución histórica
Tras la votación, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, destacó la magnitud del cambio aprobado:
“Nos habíamos comprometido al inicio de este gobierno a hacer un cambio significativo en la distribución de los recursos pesqueros y en la transparencia de la legislación. Ambos compromisos se cumplen significativamente el día de hoy”.
Salas subrayó además el simbolismo de que la última votación se haya producido en el Senado, donde “se produjeron las situaciones de corrupción que llevaron a una distribución iniquitativa”.
Desde el sector artesanal, el presidente del Condepp Hernán Cortes señaló a través de redes sociales que «Hoy le dimos en el corazón a la Ley Longueira, ley corrupta. Tenemos un fraccionamiento nuevo, legislado de cara al país con transparencia y en favor de los pescadores artesanales de Chile. Después de más de 10 años buscando justicia para nuestro sector, podemos sentirnos orgullosos de este logro».
Reacciones de la industria: “Se castiga a quienes cuidaron el recurso”
Desde el mundo industrial, las críticas no se hicieron esperar. La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), que agrupa a las principales empresas del rubro, advirtió sobre incertidumbre normativa y riesgos operacionales.
“Primero nos dijeron que el fraccionamiento duraba hasta 2032, pero lo cambiaron a mitad de camino. Ahora lo extienden hasta 2040, pero sin garantizar que no será modificado nuevamente”, afirmó el presidente del gremio, Felipe Sandoval.
“Es bastante insólito que el Gobierno celebre haber evitado el cierre de una empresa, cuando lo que se necesita es fortalecer al sector privado para generar más empleo formal”, agregó.
La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda respaldó las acciones legales que las empresas emprenderán en contra del proyecto “Claramente no podemos celebrar ni valorar una legislación que afectará a nuestra zona por la vía de una menor actividad industrial pesquera y por un impuesto o arancel exclusivo para las empresas que operan jurel en Talcahuano y Coronel. Nadie más pagará la cuenta a lo largo de Chile”.
Sonapesca acusó además que el traspaso de toneladas a la pesca artesanal “desconoce derechos asignados” y que el camino legislativo escogido fomentó la división entre el mundo artesanal e industrial, en lugar de la cooperación.
