La Comisión de Pesca de la Cámara resolvió aplazar la votación en particular del proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Marítima luego de que el Ejecutivo ingresara cerca de 30 indicaciones durante la misma jornada. Los diputados coincidieron en que era necesario contar con más tiempo para revisar los cambios antes de despachar una iniciativa considerada prioritaria para el sector pesquero artesanal.
Comisión de Pesca extiende discusión del proyecto de Seguridad Marítima hasta el 11 de agosto
La tramitación del proyecto que busca reforzar la seguridad marítima sufrió este miércoles un nuevo aplazamiento en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Aunque la expectativa era iniciar la votación en particular del articulado, la incorporación de un paquete de indicaciones presentado por el Ejecutivo durante la sesión llevó a los parlamentarios a suspender el proceso y extender el plazo para formular nuevas observaciones hasta el martes 11 de agosto.
La decisión fue adoptada de manera transversal. Diputados de oficialismo y oposición coincidieron en que el comparado distribuido entre los integrantes de la comisión aún no incorporaba las modificaciones ingresadas por el Ministerio de Defensa y los equipos técnicos de DIRECTEMAR, por lo que una votación inmediata podía afectar la calidad técnica de la futura ley.
El primero en plantear la necesidad de postergar la discusión fue el diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien sostuvo que el contenido de las nuevas indicaciones debía ser analizado con mayor profundidad antes de adoptar una decisión legislativa. La propuesta recibió inmediatamente el respaldo de la diputada Andrea Macías (PS), quien además pidió ampliar el plazo para que los parlamentarios pudieran revisar si sus propias indicaciones coincidían con las presentadas por el Ejecutivo, retirar aquellas redundantes o incorporar nuevos ajustes. A esa postura se sumó el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), uno de los autores de la moción, quien calificó como razonable otorgar más tiempo para armonizar las propuestas.
Finalmente, el presidente de la comisión, diputado Alejandro Bernales (PL), constató que existía consenso político y fijó el 11 de agosto como nuevo plazo para el ingreso de indicaciones, dejando la votación para la sesión siguiente. Según explicó, el Ejecutivo recibió autorización para presentar sus observaciones fuera del plazo originalmente establecido y la prioridad ahora es despachar un texto técnicamente sólido, sin desconocer la urgencia manifestada por los pescadores artesanales que impulsan esta iniciativa.
Durante la sesión también se conocieron los principales cambios propuestos por el Ejecutivo. La asesora jurídica del Ministerio de Defensa, Maricarmen Garrido, explicó que las indicaciones buscan principalmente perfeccionar la técnica legislativa, reordenar artículos y armonizar el proyecto con otras normas vigentes, sin alterar el contenido sustantivo de la iniciativa. En la misma línea, representantes de DIRECTEMAR señalaron que se trata de ajustes de carácter técnico y de colaboración institucional.
No obstante, algunos parlamentarios advirtieron que ciertos aspectos requerirán un análisis más profundo. El diputado Jorge Guzmán llamó la atención sobre la redacción del nuevo tipo penal que sanciona la alteración de cámaras o registros audiovisuales cuando exista la intención de obstaculizar u ocultar un delito. A su juicio, ese elemento subjetivo podría dificultar posteriormente la acreditación del ilícito ante los tribunales. Desde DIRECTEMAR coincidieron en que esa redacción deberá revisarse antes de su aprobación definitiva.
Aunque el debate principal estuvo centrado en el proyecto de seguridad marítima, la comisión también abordó otras materias relacionadas con la actividad pesquera. La diputada Carolina Tello (FA) volvió a advertir sobre la situación que enfrentan pescadores artesanales y trabajadores de actividades conexas afectados por los recientes temporales en la Región de Coquimbo, señalando que persisten problemas de conectividad y falta de presencia de autoridades sectoriales. La comisión acordó oficiar a la Subsecretaría de Pesca, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Obras Públicas para solicitar información sobre las medidas de apoyo y reconstrucción.
Por su parte, la diputada Andrea Macías (PS) denunció el caso de una familia residente en Isla Central, en la Región de Aysén, que fue objeto de fiscalización por construir un embarcadero artesanal con recursos propios ante la ausencia de infraestructura pública. La parlamentaria cuestionó que el Estado amenace con sanciones a quienes buscan resolver por sus propios medios problemas de conectividad que, según afirmó, siguen sin respuesta institucional. Tras la discusión, la comisión también acordó oficiar a DIRECTEMAR y al Ministerio de Defensa para conocer los antecedentes del caso.
Con este acuerdo, la Comisión de Pesca dejó pendiente la primera votación en particular del proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Marítima, una iniciativa considerada prioritaria por organizaciones de pescadores artesanales tras diversos accidentes ocurridos durante los últimos meses. Si bien la tramitación sufrirá un breve retraso, el consenso alcanzado entre los parlamentarios apunta a evitar una aprobación apresurada y asegurar que el texto incorpore adecuadamente las observaciones técnicas presentadas por el Ejecutivo antes de continuar su avance legislativo.
