Los principales gremios salmonicultores expusieron ante la Cámara sus preocupaciones por el arancel de Estados Unidos, la paralización de concesiones y las dificultades regulatorias que enfrenta el sector. La discusión consumió toda la sesión y obligó a postergar nuevamente la votación particular del proyecto que busca fortalecer la seguridad marítima, que ahora tendrá una jornada exclusiva para su tramitación.
La situación regulatoria de la salmonicultura terminó desplazando este miércoles 19 de agosto la agenda legislativa que la Comisión de Pesca de la Cámara tenía prevista para avanzar en el proyecto sobre Fortalecimiento de la Seguridad Marítima. Lo que inicialmente debía ser una audiencia acotada con los principales gremios salmonicultores se extendió durante toda la sesión y dejó sin espacio la votación particular de la iniciativa.
La jornada, presidida por el diputado Alejandro Bernales (PL), reunió a SalmonChile, el Consejo del Salmón y Salmonicultores de Magallanes, cuyos representantes plantearon una serie de preocupaciones que fueron desde el arancel de 12,5% aplicado por Estados Unidos hasta las dificultades para relocalizar concesiones y los efectos de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
La discusión dejó también en evidencia diferencias políticas sobre el diagnóstico. Mientras parlamentarios de derecha pusieron el énfasis en las trabas que enfrentan la inversión y el empleo, diputadas de izquierda cuestionaron que la discusión regulatoria relegara asuntos como la seguridad laboral, las condiciones de los buzos y los derechos de las comunidades.
El arancel de Estados Unidos entra a la Comisión de Pesca
El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, concentró parte importante de su exposición en el arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos, calculando un costo anual cercano a US$325 millones sobre exportaciones sectoriales que alcanzarían los US$2.600 millones.
Melero sostuvo que la medida reduce la competitividad de Chile frente a productores como Noruega, Canadá, Reino Unido e Islas Feroe. También buscó despejar una de las controversias que ha acompañado la discusión comercial, precisando que Estados Unidos no ha acusado la existencia de trabajo forzoso en la industria salmonera chilena, sino que ha cuestionado los mecanismos existentes para impedir el ingreso de productos fabricados bajo esas condiciones.
En la misma línea, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, llamó a proteger la imagen internacional de Chile y destacó el trabajo que el gremio mantiene con organismos como la OIT, el INDH, mutualidades y ChileValora en materias laborales.
Seguel puso además el foco en la diversificación de mercados, particularmente en China, como una alternativa para disminuir la dependencia de Estados Unidos.
El debate comercial llegó rápidamente al terreno político. La diputada Carolina Tello (FA) solicitó oficiar a Cancillería para conocer los alcances del arancel y cuestionó su compatibilidad con el acuerdo comercial entre ambos países. La Comisión finalmente acordó requerir antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Magallanes pone sobre la mesa las ECMPO y proyectos paralizados
La intervención que abrió con mayor fuerza el debate territorial fue la de Carlos Odebret, presidente de Salmonicultores de Magallanes.
El dirigente sostuvo que la región mantiene condiciones sanitarias favorables para la producción salmonera, con una mortalidad promedio de 5,9%, y afirmó que la actividad representa cerca del 42% de las exportaciones regionales y unos 3.200 empleos directos.
Sin embargo, apuntó a la prolongada tramitación de la ECMPO Kawésqar-Última Esperanza, que acumularía más de cien meses sin resolución. Según Odebret, esta situación mantiene detenidos proyectos, concesiones y plantas vinculadas a inversiones por aproximadamente US$250 millones, además de un potencial productivo estimado en 120 mil toneladas.
Sus críticas alcanzaron a CONADI, a la falta de un plan de manejo para la Reserva Nacional Kawésqar y a la judicialización de resoluciones ambientales. También planteó revisar los convenios que organismos públicos mantienen con universidades y organizaciones no gubernamentales, argumentando que deben resguardarse las funciones estatales de planificación y fiscalización.
La exposición encontró respaldo entre los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Diego Vergara (REP) y Alex Nahuelquin (PDG), quienes destacaron el peso de la salmonicultura en el empleo y atribuyeron parte de las dificultades de inversión a las demoras de organismos públicos.
La diputada Andrea Macías (PS) coincidió en que existen proyectos que deben destrabarse, aunque sostuvo que organismos como CONADI y CONAF enfrentan carencias de funcionarios, recursos y capacidades para procesar las solicitudes. También rechazó que las comunidades sean presentadas como responsables de la paralización y llamó a mejorar el ordenamiento del borde costero para compatibilizar salmonicultura, pesca artesanal y conservación.
Otro de los contrapuntos vino desde la diputada Nathalie Castillo (PC), quien cuestionó que las exposiciones de los gremios pusieran el énfasis en inversión y regulación sin profundizar suficientemente en materias como accidentabilidad, jornadas laborales, subcontratación y enfermedades profesionales.
La parlamentaria pidió conocer las inversiones específicas que la industria está realizando en seguridad, particularmente respecto de los buzos.
Los gremios respondieron destacando programas preventivos y de capacitación. Odebret reconoció que el buceo constituye uno de los principales desafíos de seguridad de la salmonicultura, planteando la necesidad de mejorar la regulación, la coordinación entre instituciones y la disponibilidad de cámaras hiperbáricas.
El cruce resulta especialmente relevante porque ocurre mientras la Comisión mantiene en tramitación un proyecto destinado precisamente a fortalecer los estándares de seguridad marítima. La instancia ya había mostrado durante los meses anteriores una preocupación transversal por aumentar las condiciones de seguridad en las operaciones marítimas y pesqueras, dentro de una agenda que ha ido incorporando materias laborales, fiscalización y protección de quienes trabajan en el mar.
Seguridad marítima deberá esperar una semana más
La extensión del debate salmonicultor tuvo una consecuencia legislativa concreta: el segundo punto de la tabla simplemente no alcanzó a discutirse.
A las 16:20 horas, Bernales informó que ya no existía tiempo suficiente para iniciar la votación particular del proyecto sobre Fortalecimiento de la Seguridad Marítima, Boletín N° 18.198-15.
Los representantes de Directemar y del Ministerio de Defensa, que habían sido convocados para acompañar la discusión, se retiraron sin intervenir. El presidente de la Comisión presentó excusas y cuestionó que no se hubiese respetado la distribución inicialmente prevista de una hora para cada punto de la tabla.
La postergación ocurre además cuando el proyecto enfrenta nuevas observaciones. FESIMAR, Fundación Libera y Juan Carlos Cárdenas solicitaron intervenir durante la tramitación, mientras organizaciones relacionadas con la marina mercante, gente de mar, trata de personas y trabajo forzoso también buscan incorporar sus reparos.
La presidencia, sin embargo, marcó un límite: después de cerca de dos meses de audiencias y con el proyecto ya en votación particular, las nuevas observaciones deberán ser enviadas preferentemente por escrito.
La Comisión acordó que la próxima sesión estará destinada íntegramente a continuar la votación particular desde el punto en que quedó pendiente.
Antes de avanzar sobre algunas disposiciones, además, se solicitará la presencia del Ministerio de Justicia para revisar las discrepancias jurídicas detectadas en el artículo 1, número 2, y otras normas del proyecto.
