Pescadores Industriales del Bío Bío anunciaron una querella tras un intento de robo de jurel a una embarcación de alta mar en la bahía de Coronel. Uno de los imputados quedó en prisión preventiva.
Por qué importa
El robo de jurel en zonas portuarias pone en riesgo la seguridad de las tripulaciones, afecta la actividad productiva y evidencia la presencia de delitos organizados en áreas estratégicas para la pesca industrial.
Qué está pasando
Pescadores Industriales del Bío Bío presentarán una querella tras un intento de robo de jurel ocurrido en la bahía de Coronel, en la región del Bío Bío. El hecho involucró a cuatro sujetos que se desplazaban en un bote a motor y que abordaron una embarcación de alta mar para intimidar a su tripulación.
La embarcación afectada corresponde al pesquero Alf, propiedad de la empresa FoodCorp. Según los antecedentes expuestos, los sujetos habrían utilizado armas blancas con el objetivo de forzar las bodegas y sustraer el recurso.
Detención y formalización
La intervención de personal de la Armada permitió frustrar el robo de jurel y detener a los involucrados en flagrancia. El abogado querellante, Francisco García, destacó que el seguimiento previo realizado por drones de la Policía Marítima fue clave para el procedimiento.
Los imputados fueron formalizados por robo con intimidación en circunstancias que el Ministerio Público calificó como actos de piratería. Uno de ellos, Luis Zapata Arroyo, quedó en prisión preventiva al mantener una orden de detención vigente.
Medidas cautelares y debate jurídico
El resto de los detenidos quedó sujeto a medidas cautelares que van desde la firma mensual hasta el arresto domiciliario total. La defensa sostuvo que no se logró acreditar la figura de piratería, cuestión que podría ser discutida en un eventual juicio oral.
Según consignó Radio Nostálgica de Atacama, la Fiscalía no apeló a las cautelares decretadas y se fijó un plazo de investigación de tres meses.
Qué viene ahora
El caso abre un nuevo debate sobre la seguridad en la bahía de Coronel y la necesidad de reforzar fiscalizaciones por parte de los organismos del Estado, en un contexto de creciente preocupación por delitos asociados al robo de jurel.
