El subsecretario Osvaldo Urrutia defendió el cumplimiento del dictamen de Contraloría que ordenó regularizar la apertura del Registro Pesquero Artesanal (RPA), mientras senadores oficialistas y de oposición advirtieron el impacto que la medida podría tener en cientos de pescadores.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado analizó este miércoles la forma en que la Subsecretaría dará cumplimiento al dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso que concluyó que la Resolución Exenta N° 2.563 de 2025, mediante la cual se abrió el Registro Pesquero Artesanal (RPA) para nuevas inscripciones, «no se ajustó a derecho».
Durante la sesión, el subsecretario Osvaldo Urrutia informó que la Subsecretaría ya inició el procedimiento de invalidación de la resolución mediante la Resolución Exenta N° 1.672 de 2026, proceso que contempla un plazo de 90 días hábiles y la posibilidad de que los pescadores y armadores presenten sus observaciones.
La autoridad sostuvo que la resolución dictada en 2025 permitió abrir el registro «por la ventana», ya que, a su juicio, no respetó los mecanismos establecidos en la Ley General de Pesca para incorporar nuevos inscritos en pesquerías que permanecen cerradas por encontrarse en estado de plena explotación o colapso.
Debate por el alcance del dictamen
El tema generó un intenso intercambio entre el Ejecutivo y los parlamentarios.
Los senadores Daniel Núñez (PC), Daniella Cicardini (PS), Fidel Espinoza (PS) e Iván Flores (DC) cuestionaron que la Subsecretaría optara por invalidar completamente la resolución, argumentando que el pronunciamiento de Contraloría sería principalmente de carácter procedimental y que existían alternativas para subsanar las observaciones mediante consultas a los consejos zonales y comités de manejo.
Los parlamentarios también advirtieron que la medida podría afectar a pescadores artesanales que esperaban acceder a especies como jurel y jibia tras la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento, especialmente en regiones como Coquimbo y Atacama.
Subpesca acota el número de afectados
Durante su exposición, Urrutia precisó que la resolución permitió un total de 9.944 inscripciones, pero sostuvo que solo 403 embarcaciones han operado efectivamente bajo ese mecanismo.
Según detalló, las inscripciones corresponden principalmente a las pesquerías de jurel, jibia, reineta, merluza de cola, langostinos y camarón. Con ello, descartó que el universo de personas afectadas alcance las cifras de 9.000 o 12.000 pescadores que han circulado públicamente.
El subsecretario agregó que la Subsecretaría trabaja paralelamente en identificar caducidades dentro del Registro Pesquero Artesanal para generar nuevos cupos mediante el mecanismo legal de reemplazo, priorizando a quienes actuaron de buena fe bajo la resolución cuestionada.
Ajustes al Registro Pesquero Artesanal
Como parte del debate, el Ejecutivo manifestó su disposición a discutir modificaciones al funcionamiento del Registro Pesquero Artesanal junto a las principales confederaciones del sector.
La intención, según informó el subsecretario, es elaborar una propuesta que pueda ser presentada al Congreso hacia fines de este año, aunque reiteró que mientras las pesquerías permanezcan cerradas por razones biológicas no será posible abrir el registro fuera de los mecanismos establecidos por la legislación vigente.
