Amplio rechazo empresarial a la Ley SBAP
Santiago.– Representantes de los principales gremios del país —incluyendo minería, salmonicultura, construcción, forestal y energía— expresaron su preocupación por el impacto que tendría la implementación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Ley SBAP), impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente.
Durante el último tramo del proceso, los empresarios criticaron la falta de diálogo y advirtieron que la normativa podría derivar en un “congelamiento de la actividad productiva”. La discusión se centra en la definición de 99 sitios prioritarios para la conservación, los cuales, según los gremios, superponen áreas donde hoy se desarrollan operaciones con permisos ambientales vigentes.
Preocupación por el impacto económico
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, calificó la medida como una “expropiación regulatoria”, señalando que podría restringir derechos adquiridos y generar pérdidas significativas en diversos rubros. Según cifras presentadas por el gremio, cerca de 302 pertenencias mineras en el país podrían quedar afectadas por esta nueva zonificación.
Desde el sector salmonicultor, Arturo Clément, presidente de SalmonChile, advirtió que las restricciones incluidas en la Ley SBAP “ponen en riesgo la continuidad de operaciones que cuentan con sus permisos ambientales”, mientras que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, agregó que la normativa “solo contribuirá a ahuyentar inversiones”.
Una mirada crítica desde el sector privado
Susana Jiménez, presidenta de la CPC, lamentó la ausencia de diálogo técnico y afirmó que “las definiciones se están realizando sin considerar la realidad productiva del país”. Agregó que “más de US$ 100 mil millones de inversiones chilenas se juegan dentro del país y muchas de las razones de esta incertidumbre provienen de una visión del medio ambiente extrema y poco equilibrada”.
Por su parte, Ignacio Pinto, representante del Consejo Minero, y Felipe Sandoval, de Sonapesca, coincidieron en que el país necesita “una institucionalidad ambiental moderna, pero que no imponga restricciones que paralicen la producción y afecten el empleo regional”.
Gobierno defiende la visión ambiental
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, respondió que el proceso busca “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo sostenible” y aseguró que el objetivo es fortalecer la gestión de áreas protegidas con participación de comunidades locales. Sin embargo, los gremios insistieron en que el proyecto debe revisarse antes de su promulgación definitiva para evitar efectos negativos en la inversión y la competitividad.
La Ley SBAP, actualmente en consulta pública, ha recibido más de 2.000 observaciones de empresas, asociaciones gremiales y organizaciones de la sociedad civil, reflejando la magnitud del debate que ha generado en los distintos sectores productivos del país.
Fuente: El Mercurio y Diario Financiero
