La creación de un sistema de protección social para la pesca artesanal sigue siendo uno de los pocos temas donde existe consenso transversal. No obstante, el actual gobierno modificó la forma de financiarlo. Mientras la administración anterior y sectores de pescadores artesanales buscaban costearlo con recursos provenientes de las licitaciones de cuotas industriales, el gobierno de José Antonio Kast propone una red de beneficios que descarta vincularla a licitaciones pero de la que aun no hay claridad en su financiamiento.
La plataforma social: una demanda histórica que sigue sin concretarse
La llamada «plataforma social» lleva años siendo una de las principales demandas de las organizaciones de pescadores artesanales.
La idea es sencilla: construir un sistema permanente de protección para quienes trabajan en una de las actividades con mayor accidentabilidad del país, cubriendo materias como salud, accidentes laborales, invalidez, pensiones, seguros de vida, maternidad y apoyo económico para las familias de pescadores.
Durante la tramitación del proyecto de Nueva Ley General de Pesca impulsado por el gobierno de Gabriel Boric, esta plataforma pasó de ser una demanda gremial a transformarse en uno de los pilares de la reforma. Incluso organizaciones como la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, CONDEPP y otros dirigentes defendieron públicamente que el proyecto contenía uno de los mayores avances sociales para el sector.
Sin embargo, el retiro completo del proyecto por parte del gobierno de José Antonio Kast dejó nuevamente la discusión abierta.
La propuesta del gobierno anterior: financiarla con las licitaciones
Durante la tramitación de la Nueva Ley General de Pesca impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, el Ejecutivo propuso que la plataforma social se financiara principalmente con los recursos que el Estado obtuviera al licitar parte de las licencias industriales de pesca, conocidas como licencias tipo A o derechos históricos.
La idea consistía en reducir parcialmente esos derechos históricos que hoy poseen las empresas industriales, licitar esa fracción mediante subastas públicas y destinar la recaudación obtenida exclusivamente a financiar beneficios permanentes para la pesca artesanal, como seguros, pensiones, protección frente a accidentes, apoyo en salud y otros mecanismos de seguridad social.
Por esa razón, durante toda la discusión legislativa las licitaciones y la plataforma social quedaron estrechamente vinculadas. Para organizaciones como CONDEPP, esa era una forma de que los propios recursos pesqueros financiaran una deuda histórica con quienes viven del mar.
La nueva propuesta: una Red de Seguridad y Bienestar Social
Tras retirar el proyecto de Nueva Ley de Pesca, el gobierno de José Antonio Kast decidió mantener el objetivo de fortalecer la protección social de los pescadores artesanales, pero mediante un mecanismo completamente distinto.
La Subsecretaría de Pesca inició un proceso de trabajo con las principales confederaciones para diseñar una Red de Seguridad y Bienestar Social para la Pesca Artesanal, que busca transformarse en una política pública construida junto a las organizaciones del sector y no ligada a una reforma del sistema de licencias pesqueras.
La propuesta contempla fortalecer la atención de salud especializada para pescadores, estudiando, por ejemplo, la instalación de una red de cámaras hiperbáricas en zonas costeras y protocolos médicos para tratar enfermedades propias del trabajo en el mar. También considera impulsar modificaciones legales para reconocer la pesca como trabajo pesado, mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las embarcaciones y extender beneficios laborales, como el fuero maternal para las recolectoras de orilla.
Además, el Ejecutivo plantea crear una corporación de derecho privado sin fines de lucro encargada de administrar programas de prevención de accidentes, seguros de vida, invalidez y beneficios sociales para el sector. Finalmente, propone modernizar el Registro Pesquero Artesanal mediante herramientas digitales que permitan una mayor trazabilidad de las faenas, agilicen las listas de espera y faciliten la movilidad de los pescadores entre distintas regiones del país.
Según explicó el subsecretario Osvaldo Urrutia, la intención es comenzar a saldar una deuda histórica con quienes desarrollan la pesca artesanal: «Durante décadas gran parte de los esfuerzos del Estado estuvieron orientados a la administración de los recursos pesqueros, pero muy poco se avanzó en la protección social de las personas que hacen posible esta actividad. Hoy queremos iniciar un camino distinto, construyendo junto a los propios pescadores una red seguridad y bienestar que responda a sus necesidades reales y que entregue herramientas concretas para enfrentar enfermedades, accidentes, discapacidad, maternidad y otras contingencias propias de su trabajo.”
Lo que decía la evidencia sobre cuánto dejarían las licitaciones al Estado
La apuesta por financiar la plataforma social con licitaciones tuvo respaldo técnico por parte del mismísimo Ministerio de Economía. Un estudio de la División de Política Comercial e Industrial de esa cartera, presentado en la Comisión de Pesca en agosto de 2025, concluyó que la introducción de subastas habría aumentado la recaudación fiscal en aproximadamente un 165% respecto del mecanismo de asignación histórica, sin afectar los niveles de captura ni la actividad del sector.
El mismo informe cuantificó la brecha: mientras las licencias históricas (LTP-A) pagaban en promedio $15 por kilo extraído, las licencias subastadas (LTP-B) llegaron a pagar $117 por kilo, casi ocho veces más. Esa era, en números, la lógica que sostenía destinar parte de esos ingresos a financiar la plataforma social sin, según el Ejecutivo de Gabriel Boric, comprometer recursos fiscales adicionales.
Los dirigentes valoran inicio del proceso pero ponen dudas sobre su financiamiento
Aunque el nuevo diseño difiere del proyecto anterior, dirigentes de distintas organizaciones manifestaron disposición a participar.
La presidenta de Conapach, Zoila Bustamante, sostuvo que la discusión debe enfocarse en salud, apoyo a las familias de pescadores fallecidos y otros beneficios sociales: «Tener el tema de la salud, cómo enfrentar las complicaciones con el tema de la presión bajo el agua, acompañar a las viudas cuando mueren los compañeros del mar, entonces hay varias cosas en las que podemos avanzar. Podemos llegamos a tierra derecha si nos unimos y estamos todos los actores opinando y trabajando en este tema».
Mientras que Hernán Cortés, representante de Condepp señaló que: «Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a cómo se va a financiar, porque si la propuesta no viene aparejada de una fuente de recursos permanente, no es más que una declaración de buenas intenciones”.
Marcelo Soto, presidente de Confepach, señaló que ordenar un sistema de beneficios y contar con un seguro de vida constituye una necesidad largamente esperada: «Esto es un anhelo y si hoy se está proponiendo ordenar posibles beneficios para la pesca artesanal, estamos disponibles a seguir trabajando. Me parece fundamental regular el Registro Pesquero Artesanal y contar con un seguro de vida, donde dejemos de perder plata”.
En tanto, Miguel Ávalos destacó la importancia de avanzar hacia coberturas en salud, jubilación y accidentes laborales: «Ese es el espíritu y el compromiso que esperamos de la autoridad del sector pesquero artesanal” señaló.
No hay claridad de su financiamiento
Aunque existe amplio consenso respecto de que la pesca artesanal necesita un sistema permanente de protección social, la diferencia política hoy ya no está en los beneficios, sino en su financiamiento.
El actual Ejecutivo sostiene que el uso de licitaciones de cuota industrial pone en riesgo el empleo industrial y optó por desvincular completamente ambas discusiones, reemplazando la plataforma social por una Red de Seguridad y Bienestar Social cuya arquitectura institucional y fuente definitiva de financiamiento aún deberán definirse junto a las organizaciones del sector.
