La empresa de Talcahuano enfrenta una crisis reputacional tras la detención de su exgerente en Brasil, pero tiene abierto otro frente: una demanda contra el Estado por la Ley de Fraccionamiento que redistribuyó cuotas de grandes pesqueras al mundo artesanal. Respecto a la ley de la jibia, que le entregó acceso exclusivo de este recurso a pescadores, acusaron una legislación ideológica.
La crisis reputacional que enfrenta por estos días Pesquera Landes abrió nuevamente otra de las disputas que mantiene la compañía: su ofensiva judicial contra el Estado chileno por los efectos de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero.
La empresa de Talcahuano quedó en el centro de la atención pública luego que su entonces gerente comercial, Germán Naranjo, fuera detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de insultos racistas y homofóbicos a bordo de un vuelo de LATAM entre São Paulo y Frankfurt. El caso, ampliamente difundido en redes sociales y medios brasileños y chilenos, terminó con la desvinculación del ejecutivo por parte de la compañía.
Sin embargo, mientras la firma enfrentaba esa crisis corporativa, otro conflicto avanza en tribunales y se comenta en los pasillos del Congreso: la demanda presentada en marzo contra el Fisco por más de US$ 70 millones, en una causa vinculada directamente a la nueva Ley de Fraccionamiento.
Según consignó Diario Financiero, la acción judicial ya fue acogida a trámite por un Juzgado Civil de Santiago y actualmente se encuentra en etapa inicial, mientras el Estado prepara su respuesta.
Lo que reclama Pesquera Landes
El argumento central de la pesquera apunta a que el Estado habría redistribuido cuotas de captura que, según la empresa, formaban parte de su patrimonio histórico y que habían sido asignadas legalmente hace décadas.
De acuerdo al reportaje de DF, Landes sostiene que esas cuotas fueron reasignadas a terceros sin compensación económica, en el marco de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, que modificó el reparto entre el sector industrial y el artesanal.
La empresa busca así obtener una indemnización millonaria por los efectos económicos derivados del nuevo esquema de distribución.
La disputa forma parte de un conflicto mayor que se abrió tras la aprobación de la Ley 21.752, impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric, que redefinió los porcentajes de acceso a distintas pesquerías para favorecer una mayor participación del sector artesanal.
¿Qué cambió con la Ley de Fraccionamiento?
La normativa modificó el reparto histórico de varias pesquerías estratégicas, aumentando la participación artesanal en especies como jibia, merluza común, sardina y anchoveta.
Desde el mundo industrial, distintas compañías han sostenido que esos cambios alteraron derechos adquiridos y afectaron inversiones realizadas bajo el esquema anterior. Desde el sector artesanal, en cambio, el argumento ha sido que el nuevo fraccionamiento corrigió una distribución históricamente concentrada.
En el caso de Landes, la compañía acusa particularmente el impacto que estas modificaciones tendrían sobre su operación y sobre la estabilidad futura de sus líneas productivas.
El antecedente de la jibia
Otro conflicto que arrastra Pesquera Landes contra el Estado de Chile tiene que ver con la denominada Ley de la Jibia de 2018, que reservó ese recurso exclusivamente para la pesca artesanal.
Según la visión de la empresa recogida por Diario Financiero, Landes lleva prácticamente siete años fuera de esa pesquería tras la entrada en vigencia de la normativa, puesto que la ley habría sido tramitada “desde la ideología y no desde la técnica”, y atribuye a ese cambio regulatorio cierres de plantas y pérdida de empleos en el Biobío.
En ese contexto, Landes habría optado por reducir costos, modernizar controles operacionales y congelar inversiones proyectadas, entre ellas renovación de flota y ampliación de capacidad de congelado.
Pesquera Landes tiene más de 60 años de historia y es controlada por las familias Bohorodzaner y Fosk. Actualmente opera plantas en Isla Rocuant, Talcahuano, y exporta productos marinos a mercados de Asia, Europa, África y América.
En los últimos años la compañía avanzó en procesos de diversificación hacia productos de mayor valor agregado, proteínas para nutrición animal y economía circular ligada a subproductos del salmón.
Ahora, mientras enfrenta una crisis reputacional inesperada por el caso de su exgerente comercial, la empresa también se prepara para una disputa judicial de largo alcance contra el Estado, en uno de los conflictos más sensibles abiertos tras la aprobación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero.
