La paciencia se agota entre los pescadores artesanales. A más de un mes de haber sido aprobada, la ley de remanentes pesqueros sigue en pausa debido a observaciones administrativas. Por eso, el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) le pidió a la Contraloría General que apure el trámite, advirtiendo que la incertidumbre ya está golpeando fuerte a las caletas del país.
“El retraso está afectando directamente a comunidades que ya hicieron planes de inversión y trabajo para la próxima temporada,” explicó Hernán Cortés, presidente de la CONDEPP. Y fue más allá: “No hay justificación técnica para esta demora. La ley fue respaldada con amplia mayoría en el Congreso y cuenta con el visto bueno del Ejecutivo.”
La norma permitiría que los pescadores artesanales usen, al año siguiente, el remanente no capturado de sus cuotas anuales. Un cambio esperado desde hace tiempo por sindicatos del norte y centro del país, que hoy se sienten en el limbo.
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, se reunió con los dirigentes y reconoció la preocupación del sector. Aseguró que gestionará directamente con Contraloría para destrabar el proceso.
En regiones como Tarapacá, la situación ya es crítica. Según los sindicatos locales, al menos 800 pescadores están siendo afectados de forma directa. “Hay programas en pausa y recursos detenidos que dependen de esta ley para seguir funcionando,” señalaron.
Desde la CONDEPP insisten: esta norma no implica gasto público y es clave para que muchas familias puedan estabilizar sus ingresos en medio de un contexto difícil, con menos cuotas y menores desembarques. “Es simplemente una medida justa para la pesca artesanal,” afirmó Cortés.
Si la Contraloría resuelve el trámite dentro de octubre, la ley podría entrar en vigor antes de que cierre la temporada 2025, lo que —según los dirigentes— permitiría aprovechar miles de toneladas que hoy están en riesgo de perderse.
