La reunión que el ministro de Economía, Álvaro García, sostuvo esta semana con representantes de la pesca industrial reactivó la tensión en torno a la tramitación de la nueva Ley de Pesca. Mientras el sector empresarial advirtió sobre riesgos en el empleo y la continuidad de las plantas del Biobío, los dirigentes artesanales acusaron un trato desigual y reclamaron no haber sido convocados a un diálogo directo.
En el encuentro con Sonapesca y la Asociación de Pescadores Industriales del Biobío, la industria transmitió su inquietud por el impacto que tendría el fraccionamiento de las cuotas del jurel y las nuevas reglas de licitación. Según expusieron, la reducción de la participación industrial en la captura de esta especie podría comprometer la viabilidad de empresas y empleos en la zona.
Críticas desde el sector artesanal
Las declaraciones de la industria no pasaron inadvertidas. Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), cuestionó el tenor del planteamiento:
“Me parece que es nuevamente una jugada de la industria lamentándose de los efectos negativos que podría tener esta nueva ley de pesca. Lo que ellos buscan es mantener privilegios obtenidos con una ley corrupta. Decir que se perderán empleos es un discurso de aprovechamiento electoral para asustar a la ciudadanía”.
En la misma línea, Sara Garrido, dirigenta de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, enfatizó:
“La industria hace su trabajo, que es defender sus intereses, pero nada dice de la sobreexplotación que ha habido en algunos recursos como es la merluza común. Esto nosotros lo sabíamos, ellos iban a seguir siempre chantajeando y amenazando al gobierno en perder los empleos, que es una práctica que siempre ha utilizado y que termina al final siendo una simple amenaza. Su desarrollo está en generar empleos, comprando a los pescadores artesanales. Hoy día las pesqueras artesanales están en condiciones de generar recursos, de entregar materia prima y terminar definitivamente con la integración vertical”.
Por su parte, Miguel Ángel Hernández, líder de la Federación de Sindicatos Unidos Nuevo Amanecer, cuestionó la prioridad del Ejecutivo:
“Aquí no hay novedad, que el ministro García prefiera reunirse con la industria antes que con la pesca artesanal es sabido. Nosotros también solicitamos una reunión, pero no ha pasado nada. Queremos saber cuáles fueron sus compromisos con la industria y con las familias detrás de ellas”.
Un debate en el Parlamento
El trasfondo de estas tensiones es la votación en curso de la nueva Ley de Pesca, que contempla ampliar el uso de subastas, redistribuir cuotas y fortalecer el régimen artesanal. La industria ha advertido que el ajuste del jurel al 40% de participación artesanal “no alcanza para el mínimo operacional” de las plantas, mientras que desde el sector artesanal se insiste en que los cambios son necesarios para revertir décadas de concentración y sobreexplotación.
El ministro García, tras la reunión con Sonapesca, aseguró que el Gobierno seguirá dialogando con todos los actores y comprometió un análisis del impacto laboral en la Región del Biobío. No obstante, el mundo artesanal espera señales más claras: “No puede postergarse nuestra voz al último lugar”, subrayó Cortés.
