Pescadores artesanales de Antofagasta decidieron llevar a tribunales a Minera Escondida, operada por BHP. Acusan a la empresa de haber provocado un derrame de residuos tóxicos que no solo contaminó el ecosistema marino, sino que también puso en riesgo directo su sustento diario.
Según relatan, el vertimiento llegó al mar y comenzó a afectar a distintas especies, comprometiendo la pesca artesanal, que para muchos es su única fuente de ingreso. Los dirigentes señalan que este hecho va más allá del daño ambiental: lo ven como una amenaza a su derecho a trabajar y a vivir con dignidad.
“Queremos soluciones, no solo compensaciones”
En la querella, los pescadores exigen una serie de medidas concretas: una evaluación independiente del daño causado, un plan de mitigación serio y que la empresa asuma los costos de proteger la actividad pesquera local.
“No se trata solo de que nos paguen por lo que perdimos. Queremos garantías de que no volverá a pasar algo así”, señalaron los voceros del grupo al presentar la acción judicial.
Un conflicto que se repite
Este caso no es aislado. En varias zonas del país, comunidades costeras han alzado la voz contra los efectos que la industria minera e industrial ha tenido sobre el mar. Acusan falta de fiscalización y escasa protección real por parte de las autoridades.
La querella en Antofagasta suma un nuevo capítulo a la disputa por el uso del borde costero, donde la pesca artesanal —que alimenta y sostiene a miles de familias— convive en tensión con megaproyectos que, según denuncian, no siempre miden sus consecuencias.
