La entrada en vigencia de la nueva Ley de Fraccionamiento, aprobada en junio por el Congreso, reabrió la tensión histórica entre la pesca artesanal y la industrial. Si bien la norma fue celebrada por dirigentes de caletas de todo el país como un avance en equidad, en el Biobío —donde se concentra el corazón de la pesca industrial— la reacción ha sido de abierta preocupación y con un mensaje directo al Ejecutivo.
Un giro en el reparto de cuotas
El nuevo marco legal elevó de manera significativa la participación artesanal en pesquerías clave. La merluza común, por ejemplo, pasó de un 43% a un 70% para el sector artesanal, y la jibia subió de un 80% a un 90%. La medida responde a una demanda que los gremios artesanales arrastraban desde la cuestionada Ley de Pesca de 2012, que entregó ventajas estructurales a siete grandes grupos.
Para las organizaciones artesanales, la reforma “corrige un desbalance histórico” y abre la posibilidad de un desarrollo más justo de las comunidades costeras. Sin embargo, en el otro extremo, la gran industria denuncia que se instaló un escenario de incertidumbre que amenaza inversiones y empleos.
Industriales del Biobío alza la voz: “El gobierno debe hacerse cargo”
La advertencia más fuerte provino de los gremios industriales del Biobío. Empresarios y dirigentes señalaron que los ajustes en el jurel y la merluza podrían derivar en cierres de plantas procesadoras y despidos masivos, golpeando directamente a la región.
“El Ejecutivo no puede mirar para el lado. Si no hay medidas de transición, lo que se viene es un impacto social de gran magnitud. Estamos hablando de miles de trabajadores que podrían quedar sin empleo”, advirtieron en entrevistas recogidas por la prensa regional.
El emplazamiento al gobierno fue explícito: se exige un plan de mitigación que incluya reconversión laboral y apoyos financieros para sostener la cadena productiva. De lo contrario —advierten— la redistribución se transformará en un “golpe directo” a la estabilidad económica del Biobío.
Lo que viene
La Subsecretaría de Pesca deberá definir en octubre cómo se distribuirán las nuevas fracciones artesanales entre regiones, considerando infraestructura portuaria y concentración de biomasa. Paralelamente, la industria alista recursos legales que podrían retrasar la aplicación del fraccionamiento, mientras en el Congreso ya se prepara la segunda batalla: la tramitación de la nueva Ley General de Pesca (boletín 16.500).
