A través de un comunicado de prensa, la presidenta del gremio, Macarena Cepeda, asegura que la propuesta del Ejecutivo es inviable para el sector y profundizará la crisis laboral en la región.
La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, lanzó una dura advertencia en medio del nuevo ciclo de votación de la Nueva Ley General de Pesca en la Cámara de Diputados. Según la dirigenta gremial, si el gobierno insiste en ampliar el sistema de subastas de licencias de pesca, el escenario para la región será crítico: cierre de empresas, pérdida masiva de empleos y una nueva profundización de la crisis industrial en Biobío.
“La planta de Landes, la de PacificBlu en Talcahuano, y FoodCorp junto con la conservera de Camanchaca en Coronel, no resistirán operando con solo el 40% de lo que hoy procesan”, afirmó Cepeda durante su intervención en la Comisión de Pesca, advirtiendo que la propuesta del Ejecutivo —que contempla licitar hasta el 50% de las licencias industriales— equivale, en sus palabras, a una “expropiación”.
La licitación de licencias industriales ha sido un largo debate en la industria, respaldado por pescadores artesanales, pymes y empresas pesqueras que quieren acceder a licencias que históricamente fueron entregadas a la industria pesquera nacional.
Según Cepeda, la situación se ha vuelto insostenible. Tras la aprobación de la Ley de Fraccionamiento, que traspasó una parte importante de las cuotas hacia el sector artesanal, el sector industrial ya sufrió una contracción cercana al 30% de sus cuotas. La eventual aplicación de nuevas subastas, advirtió, podría llevar a una pérdida del 60% del volumen actual, lo que haría inviable la continuidad de varias plantas.
Crítica al arancel al jurel importado
Cepeda también apuntó a otra medida que, a su juicio, ha golpeado duramente a las empresas del Biobío: el arancel aprobado por el Congreso para el jurel importado. “Antes, nuestras empresas podían alargar su operación entre dos a cuatro meses comprando materia prima afuera. Hoy esa tonelada cuesta 30% más caro, y muchas compañías pequeñas ya no pueden absorber ese costo”, dijo.
La presidenta del gremio concluyó su intervención pidiendo al Congreso rechazar las subastas de licencias en uso y revisar con mayor profundidad los efectos regionales de la nueva ley. “No puede ser que se legisle desconectado del territorio. Esta ley, si no se ajusta, no solo golpeará a la pesca industrial, golpeará a Biobío entero”, sentenció.
