FEREPA Biobío y la ONG Pesca Sustentable defendieron ante la Comisión de Pesca del Senado la mantención de la potera como aparejo exclusivo para la captura dirigida de jibia. Mientras los expositores pusieron sobre la mesa empleo, sostenibilidad y acceso a mercados, los senadores evitaron cerrar posiciones y acordaron esperar la postura formal del Ejecutivo antes de avanzar con el proyecto.
La discusión sobre una eventual reapertura del arrastre de media agua para la captura de jibia volvió este miércoles 9 de septiembre a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado. Esta vez, el debate estuvo marcado por la defensa de la regulación vigente realizada desde la pesca artesanal y por una señal de cautela desde los parlamentarios: antes de resolver el futuro de la iniciativa, quieren conocer qué hará el Gobierno.
La comisión, presidida por el senador Carlos Kuschel (RN) y con la participación de Alejandro Kusanovic (IND) y Miguel Ángel Calisto (IND), continuó las audiencias por el proyecto que busca exceptuar a determinados armadores de la prohibición establecida en materia de artes y aparejos para la extracción de jibia, correspondiente al Boletín N°18.173.
En la jornada expusieron Cristián Arancibia, presidente de FEREPA Biobío, quien intervino en coordinación con CONFEPACH, y Gonzalo Araya, director de Enlaces de Mercado de la ONG Pesca Sustentable. Ambos coincidieron en rechazar la reapertura del arrastre de media agua y defender la potera como aparejo exclusivo para la captura dirigida de la especie.
El Ejecutivo, en cambio, no estuvo presente. Kuschel informó que había tomado contacto con el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, quien se encontraba en España, y adelantó que la invitación al Gobierno será reiterada.
FEREPA pone el empleo artesanal en el centro
La presentación de Arancibia buscó trasladar el debate desde una discusión estrictamente técnica sobre artes de pesca hacia sus consecuencias productivas y laborales.
El dirigente estimó que alrededor de 1.700 embarcaciones han operado sobre la jibia a nivel nacional y que la actividad generaría más de 8.000 empleos directos entre patrones, tripulantes y armadores, además de los puestos asociados a descarga, transporte, comercialización y procesamiento. En el Biobío, agregó, existen 204 embarcaciones inscritas y operativas para capturar el recurso mediante potera.
Arancibia también rechazó la tesis de una incapacidad artesanal para aprovechar la cuota disponible. Según las cifras presentadas ante la comisión, durante 2025 se desembarcaron poco más de 100 mil toneladas, mientras que a julio de 2026 el sector artesanal habría superado las 120 mil toneladas, acercándose a su fracción anual de 180 mil toneladas.
En ese contexto, planteó que las plantas industriales que requieren abastecimiento podrían comprar materia prima capturada por pescadores artesanales. Mencionó específicamente a PacificBlu, recordando que, según antecedentes expuestos en la discusión, la empresa adquirió aproximadamente 5 mil toneladas anuales al sector artesanal entre 2016 y 2018.
El dirigente también cuestionó las cifras laborales utilizadas para respaldar el proyecto. Señaló que mientras la iniciativa habla de 1.700 empleos directos, antecedentes entregados anteriormente por PacificBlu distinguirían entre cerca de 367 empleos directos y 990 indirectos. Por ello, pidió transparentar la metodología utilizada y determinar cuántos puestos serían permanentes, temporales o eventualmente afectados dentro de la cadena artesanal.
Uno de sus cuestionamientos más sensibles apuntó al alcance de la modificación. Arancibia planteó que la iniciativa terminaría beneficiando de manera concentrada a seis embarcaciones y mencionó la existencia de una minuta empresarial previa con argumentos similares a los incorporados posteriormente en el proyecto. Aclaró que no estaba formulando una acusación, pero solicitó transparencia sobre el proceso de elaboración y promoción de la propuesta.
La segunda exposición incorporó otro elemento a la controversia: el comportamiento de los mercados internacionales.
Gonzalo Araya, de la ONG Pesca Sustentable, sostuvo que durante 2025 la actividad artesanal asociada a la jibia habría generado más de US$262 millones en ingresos, más de 8 mil empleos directos y actividad económica para más de 80 empresas, principalmente pymes.
Su argumento apuntó a que la selectividad del arte de pesca no solamente tiene consecuencias ambientales, sino también comerciales.
Araya explicó que grandes compradores internacionales están incorporando políticas de abastecimiento que privilegian pesquerías certificadas o sometidas a programas de mejoramiento. En ese contexto, señaló que la pesquería artesanal chilena de jibia participa desde hace más de un año en un Fishery Improvement Project (FIP) registrado en FisheryProgress, que articula organizaciones artesanales, procesadores, comercializadores y compradores.
Según expuso, 27 empresas internacionales vinculadas a una mesa de sostenibilidad habrían respaldado principios asociados a la selectividad de las artes de pesca, la generación de empleo local y el desarrollo de las comunidades costeras.
Su propuesta fue fortalecer la cadena artesanal y avanzar paralelamente en medidas internacionales de manejo dentro de la OROP-PS, especialmente considerando que la jibia es un recurso que trasciende las aguas jurisdiccionales chilenas.
Pese a la coincidencia entre los dos expositores, la comisión evitó anticipar una definición.
El senador Miguel Ángel Calisto entregó una de las señales políticas más relevantes de la jornada. Explicó que personalmente ha defendido el arrastre de media agua para la merluza en la zona sur-austral y que no mantiene una posición crítica a priori respecto de su utilización en la jibia, aunque sostuvo que todavía está formando su opinión a partir de las audiencias.
Calisto advirtió que la comisión podría dedicar meses a escuchar posiciones y posteriormente descubrir que la iniciativa carece de viabilidad si el Ejecutivo decide no respaldarla. Por ello, insistió en que resulta indispensable conocer la posición formal del Gobierno en su calidad de colegislador.
El senador también planteó dudas respecto de la competencia legislativa de la moción, cuestión que ahora deberá ser estudiada por la Secretaría de la Comisión.
Alejandro Kusanovic, en tanto, abrió una discusión distinta: cuestionó que decisiones técnicas sobre explotación y manejo de recursos pesqueros queden rigidizadas mediante una ley. A su juicio, las reglas debieran descansar fundamentalmente en evidencia científica y tener capacidad para adaptarse mediante regulación técnica a los cambios en biomasa y estado de los recursos.
Kuschel mantuvo una posición prudente y señaló que continuará recibiendo exposiciones tanto favorables como contrarias al proyecto antes de adoptar una definición.
El turno de las autoridades de la región del Biobío
El debate tendrá una nueva dimensión después de Fiestas Patrias.
A solicitud de Calisto, la comisión acordó incorporar a autoridades políticas del Biobío, región donde se concentra buena parte de la disputa laboral y productiva que rodea al proyecto. Se considerará invitar al gobernador regional y a representantes del Consejo Regional para conocer formalmente su posición.
La decisión resulta relevante porque la controversia sobre la jibia ha enfrentado durante los últimos meses dos argumentos que tienen precisamente al Biobío como escenario: por una parte, la defensa del empleo industrial y la posibilidad de utilizar el 10% de fracción industrial reconocido para el recurso; por otra, la posición de organizaciones artesanales que sostienen que la captura con potera mantiene actividad suficiente para abastecer plantas y distribuir el valor económico entre un número mayor de embarcaciones y comunidades costeras.
La comisión continuará las audiencias después de la semana regional y las celebraciones de Fiestas Patrias, intentando concentrar entre cuatro y cinco invitados por sesión.
Antes de entrar en una definición legislativa, sin embargo, quedaron dos asuntos pendientes que pueden terminar condicionando todo el debate: el pronunciamiento de la Secretaría sobre la competencia legislativa de la iniciativa y, especialmente, la posición formal del Ejecutivo.
Hasta que esas respuestas lleguen al Senado, el regreso del arrastre para la captura de jibia seguirá abierto políticamente, pero sin una mayoría legislativa definida.
