La Coordinadora Nacional de Jibieros acusa un “retroceso histórico” tras moción parlamentaria que intentara permitir la pesca de arrastre en zonas artesanales, y advierten movilizaciones. En paralelo, la Comisión de Pesca y el gobierno de Kast discuten como permitir la pesca de la cuota industrial de jibia en las zonas artesanales
La discusión en torno a la jibia tensiona esta semana, luego de que la Coordinadora Nacional de Jibieros de Chile se declarara en estado de alerta frente a una moción parlamentaria que busca permitir, de forma excepcional, el uso del arrastre por parte de embarcaciones industriales.
En un comunicado, la organización calificó la iniciativa como un intento de “beneficiar nuevamente a la gran industria pesquera”, advirtiendo que podría poner en riesgo tanto la sustentabilidad del recurso como la estabilidad laboral de miles de pescadores artesanales.
El vocero nacional del movimiento, Pascual Aguilera, fue categórico al fijar la posición del sector: “la Ley de la Jibia fue gracias a la lucha de todos y ahora seremos todos quienes la defenderemos. No permitiremos que seis barcos industriales vuelvan a depredar nuestras aguas ni a destruir nuestros empleos”.
*Defensa del modelo artesanal*
Desde la coordinadora, el foco no solo está en el impacto ambiental del arrastre, sino también en su efecto sobre la estructura productiva del sector. Según plantean, la pesca con potera, establecida como método exclusivo en la ley vigente, ha permitido sostener economías locales y evitar la concentración del recurso.
El documento advierte que reabrir el debate en estos términos implica un “retroceso histórico”, al reinstalar una técnica que, a juicio del sector artesanal, desplaza a pescadores y genera un impacto negativo en el ecosistema marino.
Además, el gremio emplazo al actual gobierno por el retiro del proyecto de nueva Ley de Pesca, al que atribuyen haber dejado al sector en un estado de incertidumbre regulatoria.
*Lo que se discute en el Congreso*
En la última sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara, la jibia fue uno de los temas que cruzó el debate político y sectorial.
Por un lado, representantes de trabajadores y parlamentarios de regiones industriales insistieron en revisar la normativa vigente, argumentando que la actual regulación ha tenido efectos negativos en el empleo, especialmente en plantas de proceso del Biobío. En esa línea, se planteó la necesidad de habilitar mecanismos que permitan recuperar actividad productiva sin afectar la sustentabilidad.
Desde el Ejecutivo, en tanto, se reconoció que existe una tensión normativa: si bien el esquema de fraccionamiento asigna un porcentaje al sector industrial, hoy ese margen no puede ser explotado debido a la prohibición vigente en la ley de la jibia. Bajo ese diagnóstico, se confirmó que el gobierno está evaluando alternativas para destrabar ese escenario, aunque sin una definición aún adoptada .
El punto fue sintetizado por la autoridad al señalar que el problema no radica en el predominio artesanal, que se mantiene, sino en la imposibilidad práctica de capturar la fracción industrial definida por ley.
La coexistencia de ambas miradas deja en evidencia el nudo político de la jibia: mientras el mundo artesanal defiende el modelo actual como una conquista social y ambiental, sectores industriales y laborales presionan por ajustes que permitan recuperar empleo.
