Santiago.– En pleno debate sobre la nueva Ley General de Pesca, distintas organizaciones agrupadas en la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal llegaron hasta las oficinas del biministro de Economía y Medio Ambiente, Álvaro García, para hacerle entrega de un documento clave. En él, exigen que la llamada Plataforma Social —ya aprobada por la Comisión de Pesca de la Cámara— no se quede corta, y contemple beneficios reales para las más de 100 mil familias que viven de la pesca artesanal en Chile.
Según los dirigentes, lo que hoy plantea el Gobierno aún necesita ajustes importantes. Entre ellos, solicitan garantías de protección permanentes que incluyan seguros obligatorios ante accidentes y fallecimientos durante faena, acceso a salud, cotizaciones previsionales, pensiones dignas y un fondo de estabilización que ayude a enfrentar las crisis que afectan al rubro.
El documento, que también fue entregado al subsecretario de Pesca, Julio Salas, propone además crear un fondo de emergencia para situaciones como desastres naturales, contaminación marina o cierres inesperados de zonas de pesca. También plantea fortalecer al INDESPA para impulsar programas de capacitación, reconversión productiva y sostenibilidad en las caletas.
Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y uno de los asistentes a la reunión, fue claro: “Esta medida no solo salda una deuda histórica con el sector, también ofrece estabilidad y fomenta la formalización para más de 100 mil familias que viven de la pesca artesanal en todo Chile”.
Cortés añadió que estos recursos debieran financiarse a través de lo recaudado por las Licencias Transables de Pesca Industrial (LTP-B), lo que —según él— ayudaría a legitimar el actual sistema de asignación de derechos y a corregir las distorsiones heredadas de la antigua Ley Longueira.
El dirigente también defendió el uso de licitaciones parciales en la pesca industrial, argumentando que se trata de un mecanismo que aporta transparencia y promueve la competencia, tal como recomiendan organismos internacionales como la OCDE.
Por último, Cortés pidió al Ejecutivo asegurar una participación efectiva y con poder de decisión para las organizaciones artesanales en los comités de manejo de recursos pesqueros. “La sustentabilidad no se construye sin quienes viven y trabajan en el mar”, afirmó.
Y cerró con un mensaje directo al Gobierno: acelerar la tramitación de la ley de remanentes y avanzar en la unificación de especies. “La pesca artesanal no está pidiendo privilegios. Está pidiendo justicia y dignidad. Si se avanza en estos puntos, se fortalece a las comunidades costeras y se da verdadera legitimidad y futuro a la nueva ley”.
