Representantes de la pesca artesanal en el Consejo Nacional de Pesca contradicen el comunicado oficial, que señaló que la instancia «se manifestó de acuerdo» con el retiro del proyecto. Los consejeros artesanales señalaron que la industria respaldó la medida en bloque, mientras el sector artesanal expresó en su mayoría rechazo.
El comunicado que no contó todo
El 26 de marzo de 2026, el gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, anunció una nueva cancelación de un proyecto del gobierno del ex Presidente Boric, esta vez, la anhelada nueva Ley de Pesca, que buscaba reemplazar a la denominada “Ley Longueira”.
A través de un comunicado oficial, la subsecretaría se amparaba en una decisión que clausuraba cualquier lectura de conflicto interno: «Esta decisión fue sometida a consideración del Consejo Nacional de Pesca, instancia consultiva que se manifestó de acuerdo con la medida».
La versión oficial no resistió 48 horas. Algunos representantes artesanales que estuvieron en esa sesión salieron a contradecirla, y el propio sector emitió una declaración pública desde Coquimbo el 30 de marzo desmintiendo que hubiera existido consulta, deliberación o solicitud formal de pronunciamiento. Lo que habría ocurrido fue distinto: el subsecretario Osvaldo Urrutia informó una decisión ya adoptada, recogió comentarios, y mientras el bloque industrial valoraba la medida, el sector artesanal expresaba reservas y rechazo. No hubo votación ni acuerdos.
Lo que pasó en la sala
La reconstrucción más detallada de la sesión proviene de Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) y consejera nacional, quien estuvo presente de forma presencial. Bustamante confirmó que no existió votación pero que el trato del subsecretario no fue irrespetuoso: «Nunca votamos, solo nos pidieron la opinión y la opinión no tuvo ningún punto de quiebre ni nada que el subsecretario haya tratado mal a los consejeros”.
La dirigenta relató que la presentación del Ejecutivo apuntaba a separar el proyecto en iniciativas acotadas: «Era para informarnos que ellos iban a retirar la Ley de Pesca para revisarla y hacerle, no modificaciones, sino que separarlo y ver los puntos más relevantes, y de esos puntos relevantes hacer prácticamente lo mismo que se hizo con el fraccionamiento, que fue discutirlo con todos los actores».
Su primera intervención en la sesión fue preguntar directamente si eso implicaba también revisar la Ley de Fraccionamiento, promulgada en junio de 2025: “el subsecretario dijo con todas sus letras, no, va a quedar tal cual como está».
Esa garantía, por ahora, es la única que el sector artesanal tiene de parte del nuevo gobierno.
La descripción de Manuel Zambra, consejero suplente de la macrozona tercera y cuarta región que participó por Zoom, coincide en lo esencial: «El subsecretario de Pesca anunció el tema del retiro de la ley de pesca, argumentando que ya llevaba mucho tiempo, alrededor de dos años, dos meses en tramitación, que iba alrededor del 50-60% de avance, pero todavía estaba en la Cámara de Diputados. Entonces lo que él consideraba más pertinente era retirarla y tramitar en base a artículos, ir modificando artículos que debiesen ser mejorados». Zambra fue también el más directo en describir la fractura: «obviamente la parte industrial estuvo de acuerdo y el sector artesanal, los que hablaron, estaban en desacuerdo porque generaba dudas “.
«Rotundamente falso»
Otros consejeros artesanales fueron más duros en su lectura de lo ocurrido. Gabriel Ramos, representante del norte, apuntó directamente al comunicado oficial: «Lo que ocurrió en el Consejo ese día no fue una consulta, solo nos notificaron de lo que ya tenía listo entre 4 paredes, no existió participación alguna del sector artesanal en el tema”. Además, fue enfático en señalar que: “Subpesca envía un comunicado como que obtuvo un respaldo unánime del tema en cuestión, lo cual es rotundamente falso». Agregó que la forma en que el gobierno está conduciendo el diálogo sectorial anticipa un estilo de decisiones unilaterales con desconexión del mundo artesanal.
Un análisis similar hace Eric Letelier, también consejero nacional artesanal, quien sostuvo que la posición del sector no dejó lugar a dudas durante la sesión: «La pesca artesanal se negó rotundamente, pero rotundamente a retirar ese proyecto (…) aquí teníamos un trabajo hecho, creo que hay que modificarle cosas, por supuesto que sí, pero no es el anhelo de retirarla completa, de retirar un trabajo de años que ya hemos hecho».
Por su parte, Pascual Aguilera, representante de la macrozona tercera y cuarta región, describió el contraste entre ambos sectores dentro de la sala: «Hicimos saber nuestro descontento como sector artesanal, al revés de lo que ocurrió con el sector industrial, que poco menos que abrazaron al subsecretario con ese anuncio». Para Aguilera, el escenario es complejo y el sector ya se está preparando: «Esperamos que el Ejecutivo recapacite (…) no queremos quedar con la nefasta Ley Longueira como la única norma que regula el sector».
Lo que se retira
El proyecto retirado no era un texto menor ni un borrador preliminar. Llevaba más de dos años de tramitación en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, había recorrido 11 de sus 12 títulos y cerca del 60 por ciento de su articulado había sido aprobado por unanimidad.
Lo que el proyecto contenía era también inusual: la primera plataforma de protección social específicamente diseñada para el sector pesquero en Chile, con cobertura estimada para cerca de 26.000 pescadores artesanales de los más de 100.000 inscritos en el registro nacional, y que se financiaba en parte con los recursos provenientes de las licitación de cuotas pesqueras.
Marco Ide, consejero nacional de pesca por la macrozona de Los Ríos a Magallanes, que también fue parte de la reunión sostuvo que: «Con el retiro anunciado se terminó ‘la gran reforma’ y entramos en una etapa de proyectos más acotados. Creo que para la pesca artesanal esto es una oportunidad, pero también un desafío, porque ahora la discusión ya no es cuánta cuota nos corresponde, sino cómo se toman las decisiones y cómo se administra el sector». Ide también apuntó a un problema procedimental que, dijo, no es exclusivo de este gobierno: “los documentos de tabla se entregan el mismo día de la reunión, sin tiempo para que las organizaciones los revisen con sus equipos técnicos”.
Las deudas y qué viene ahora
Uno de los puntos sensibles que quedaron congelados es la primera plataforma de protección social diseñada específicamente para pescadores artesanales en Chile, con cobertura estimada para cerca de 26.000 trabajadores del sector. Un viejo anhelo del sector con más de 20 años de espera.
También la modificación al sistema de licitación de cuotas industriales, lo que implicaba que la industria compitiera por una parte de las cuotas que hoy mantiene por derecho histórico desde fines de la década los 80’. Ambas materias quedan sin resolución.
El gobierno ha señalado que avanzará mediante proyectos acotados, priorizando temas relevantes pero que no movilizan a las industrias como lo es la acuicultura, que tendría agenda propia y podría integrarse en un cuerpo legal separado. Los plazos, sin embargo, no están definidos.
Las organizaciones artesanales comienzan a preparar su ofensiva. La CONAPACH tiene reunión nacional el 7 de abril para definir su postura colectiva, lo propio hará pronto la CONDEPP. El sector ya anticipó que llegará organizado. Y la pregunta sobre si el retiro obedece a razones técnicas o a presiones sectoriales seguirá siendo parte del debate mientras el gobierno no entregue un calendario concreto de lo que viene.
