La Comisión de Pesca analizó la ampliación de los parques de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas. Gremios pesqueros pidieron revisar el proceso, mientras Subpesca planteó evaluar fórmulas de conservación menos restrictivas.
La ampliación de áreas marinas protegidas volvió este 30 de septiembre al centro de la discusión en el Senado. Representantes de SONAPESCA, FENABACH y Pescadores Industriales del Biobío cuestionaron ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura que los proyectos de Mar de Juan Fernández II y Nazca-Desventuradas II avancen bajo la categoría de parque marino.
Los gremios plantearon que antes de establecer nuevas restricciones deberían evaluarse los resultados de las áreas ya protegidas, los efectos sobre caladeros históricos y el impacto que pueden provocar sobre pesquerías como el jurel y el pez espada, cuyos desplazamientos varían según las condiciones oceanográficas. También solicitaron mayor participación del sector y la apertura de una mesa técnica.
El subsecretario Osvaldo Urrutia marcó una diferencia entre la protección de la dorsal de Nazca y Salas y Gómez en alta mar, que dijo contar con amplia evidencia científica, y la situación de Juan Fernández y Desventuradas dentro de la zona económica exclusiva chilena.
Urrutia señaló que el parque marino corresponde a una de las categorías de protección más restrictivas y sostuvo que podrían analizarse fórmulas intermedias, como áreas de conservación de múltiples usos, que permitan compatibilizar protección ambiental con pesquerías reguladas.
La discusión también mostró diferencias políticas. El senador Diego Ibáñez (FA) defendió avanzar en la conservación de Juan Fernández, mientras Carlos Kuschel (RN), Alejandro Kusanovic (IND), Miguel Ángel Calisto (IND) y otros integrantes pidieron evaluar con mayor detalle sus efectos económicos y territoriales.
La Comisión acordó citar a la ministra del Medio Ambiente para conocer el estado de los decretos y definir si serán reingresados, modificados o mantenidos fuera de tramitación. También solicitará antecedentes sobre los resultados ambientales, sociales y productivos de las áreas protegidas existentes.
