Osvaldo Urrutia confirma retiro de la Ley de Pesca y apuesta por proyectos acotados
En su primera sesión ante la Comisión de Pesca del Senado, el subsecretario Osvaldo Urrutia confirmó el retiro de la nueva Ley de Pesca y delineó una agenda basada en proyectos acotados. Senadores marcaron diferencias en fiscalización, ciencia y Ley Lafkenche.
La primera comparecencia del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, ante la Comisión de Pesca del Senado estuvo marcada por una definición clave: el Gobierno no impulsará cambios a la Ley de Fraccionamiento.
“La agenda que estamos impulsando busca hacerse cargo de los desafíos estructurales del sector pesquero, pero también dar estabilidad, mucho empleo y crecimiento. En ese sentido, queremos ser claros: no habrá cambios a la ley de fraccionamiento”, afirmó.
La señal busca ordenar el escenario regulatorio tras un proceso que modificó de forma relevante la distribución de cuotas entre el sector artesanal e industrial .
Junto con ello, el subsecretario ratificó el retiro del proyecto de nueva Ley de Pesca, marcando un giro en la estrategia legislativa, “lo retiramos para mejorarlo y discutirlo con todos los sectores (…) Desde el punto de vista práctico, es más factible presentar proyectos acotados, que solucionen problemas específicos”.
Senadores apuntan a la ciencia y fiscalización en el centro
Tras la exposición, los senadores instalaron rápidamente sus principales preocupaciones.
El senador Iván Flores (DC) puso el foco en las capacidades del Estado para sustentar las decisiones pesqueras: “Planteamos varios temas que nos preocupan. Primero, la capacidad que tenemos de saber exactamente el estado de los recursos y cómo la rebaja del 3 por ciento al Ministerio de Economía va a afectar la investigación para establecer el régimen de cuota”.
También advirtió sobre la debilidad en el control de la actividad, “Tenemos que saber cuál es la capacidad fiscalizadora que vamos a tener, porque la pesca ilegal y algunos negocios poco lícitos no ayudan ni a los pescadores ni al recurso”.
Sobre el escenario político, agregó que respecto a “El retiro de la ley de pesca (…) hoy día el subsecretario se comprometió a traer un resumen de los temas que se van a tratar, y ahí comienza el debate político”.
El senador Fidel Espinoza (PS) valoró la claridad del Ejecutivo y la decisión de mantener intacto el fraccionamiento: “La ley de fraccionamiento ya aprobada el año pasado no se toca, por lo tanto, cada uno de los avances importantes que tuvo la pesca artesanal en las 22 pesquerías del país quedan inalterables”.
El parlamentario enfatizó que el foco ahora debe estar en implementar la norma y avanzar en otros frentes:
“El gobierno ha señalado que va a trabajar puntos esenciales para modernizar las instituciones de fiscalización, la plataforma social y la sobreexplotación de algunas especies”.
Ley Lafkenche abre flanco en el sur
Uno de los temas más sensibles fue la aplicación de la Ley Lafkenche, especialmente en el sur austral.
El senador Miguel Ángel Calisto (Ind.) planteó la necesidad de ajustes, es una ley que hoy día está afectando muchas actividades productivas de la zona sur austral (…) hay más de 4.000.000 de hectáreas solicitadas, y eso es una desproporción”.
El senador Carlos Kuschel (RN) hizo foco en la necesidad de inversión en la Región de Los Lagos. “Tenemos una paralización de todas las inversiones, tanto públicas como privadas, y un aumento de la cesantía, especialmente en jóvenes”.
Además, relevó la necesidad de fortalecer el control del sector: “También abordamos los desafíos en materia de pesca ilegal (…) y lo importante del resguardo y cuidado de los recursos pesqueros”.
La sesión dejó en evidencia el nuevo escenario del sector: sin reforma estructural en curso, pero con múltiples temas abiertos que deberán tramitarse por separado.
Fiscalización, investigación científica, desarrollo de la acuicultura, plataforma social y modificaciones a la Ley Lafkenche asoman como los próximos focos de discusión.
El subsecretario lo sintetizó al cierre de su presentación: el objetivo es avanzar en una legislación “que escuche a todos los actores y que dé tranquilidad a las familias y trabajadores del sector”.
