A poco más de 24 horas de la votación que fracturó el proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero en la Comisión Mixta, el escenario político se tensó aún más. Parlamentarios oficialistas acusan una operación para dilatar el debate y proteger intereses industriales, mientras desde la oposición se insiste en que la información errónea entregada por el Ejecutivo invalidó el acuerdo sobre la merluza común.
Con seis votos a favor y cuatro en contra, la instancia resolvió separar del articulado general la votación de la merluza, que contempla una distribución de 52% para la pesca artesanal y 48% para el sector industrial. El resultado dejó a la vista no solo la falta de unanimidad para corregir el error técnico del Gobierno, sino también un conflicto político que cruzó al propio oficialismo.
“El error de la Subpesca es inexcusable, pero no alteró el fondo del debate”, afirmó el diputado Matías Ramírez (PC), presidente de la Comisión de Pesca, acusando una reacción “exacerbada” por parte de la oposición y el sector industrial. “El acuerdo que se logró favorece a la pesca artesanal y debe sostenerse”, remarcó.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, trató de proyectar apertura al diálogo, pero sin retroceder: “Algunos parlamentarios hicieron una propuesta para incorporar gradualidad. Nosotros pensamos que esa propuesta todavía se puede trabajar. Como Ejecutivo, creemos que todavía es posible llegar a un acuerdo más amplio, y ese va a ser el trabajo durante estas dos semanas”.
Más directo fue el subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien volvió a escena tras una semana marcada por las críticas: “Aquí hay una cuestión de fondo. Lo que corresponde es lograr un fraccionamiento válido para las 22 pesquerías. Hemos logrado un amplio acuerdo en 21, y nos falta una. Esa es la tarea a la que estoy abocando todo mi esfuerzo”. Y agregó: “Los cargos de las autoridades políticas están siempre a disposición de la máxima autoridad”.
Desde el oficialismo, la molestia fue evidente. Daniela Cicardini (PS) consideró la votación un “error estratégico” que “pone en riesgo una reforma que busca corregir una ley manchada por la corrupción”. La diputada advirtió que “acá hay más interés en sacar réditos políticos que en resolver el problema real de los pescadores y pescadoras”.
Jorge Brito (FA) fue más allá y acusó que “se está utilizando políticamente esta situación para favorecer a un grupo. Se intenta revivir la lógica de la ley Longueira. Nosotros creemos que el fraccionamiento alcanzado es justo y lo vamos a defender en ambas cámaras”.
Desde la oposición, el tono apuntó a reforzar la idea de que el error técnico compromete el proceso. Sergio Bobadilla (UDI) sostuvo que “no basta con que el ministro diga que hubo un error. Se votó con información errada. Yo voté en contra, y me mantengo”.
Durante la misma Comisión Mixta, el senador Alejandro Kusanovic (Ind. pro RN) intervino llamando a asumir una responsabilidad colectiva por cómo se condujo el debate legislativo:
“Todos somos responsables. Debimos haber exigido al Ejecutivo estudios claros sobre los impactos de esta ley: qué pasa con la industria del Biobío, con los pescadores artesanales, con la sustentabilidad de la merluza. No teníamos esos datos sobre la mesa, y eso nos llevó a votar sin el análisis que el tema merecía”.
Y agregó:
“La gente no entiende las discusiones técnicas, solo ve resultados. Tenemos que encontrar una solución justa, sin enfrentar a trabajadores de un sector con los del otro”.
La Comisión Mixta volverá a sesionar el próximo miércoles 27 de mayo, donde el Ejecutivo deberá presentar una propuesta formal de financiamiento —tras el rechazo de las licitaciones del jurel— y definir si impulsará una redacción con gradualidad en la implementación del fraccionamiento para la merluza. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo no descarta activar el veto aditivo, aunque la decisión abriría un nuevo frente de tensión con el Congreso.
