Mientras los industriales de Talcahuano volvieron a la carga por la jibia, la asesora del subsecretario Urrutia, Antonella León tuvo un tenso cruce con el senador Fidel Espinoza.
Las comisiones de Pesca de ambas cámaras sesionaron este miércoles 3 de junio. En la Cámara avanzó el debate de seguridad marítima tras el caso Bruma y se abrió el frente Sernapesca, Cultura y Subpesca para ajustar el proyecto de carpinteros sin tensionar la Ley de Caletas y derivó en un duro cruce con una asesora del Ejecutivo.
En la Cámara de Diputados, la sesión presidida por Alejandro Bernales (PL) partió con la audiencia del Sindicato de Extrabajadores Pesqueros de Corpesca y Camanchaca. Su presidente, Jorge Rojas, expuso una demanda de pensiones de gracia con fuerte acento territorial, resumida en su frase «nada para el norte, todo para el sur»: sostuvo que trabajadores de Arica e Iquique quedaron al margen de beneficios que sí habrían alcanzado a otros grupos del sector. La comisión acordó oficiar a Interior, Economía y Subpesca.
Bruma: una ley nacida de una tragedia
En el segundo bloque el tema fue la “ley Bruma» (Boletín 18.198), que busca fortalecer la prevención, búsqueda y respuesta ante emergencias en el mar. Su origen es la desaparición, hace poco más de un año, de siete pescadores frente a la isla Santa María, en la Región del Biobío, uno de los mayores siniestros recientes de la pesca artesanal.
La presidenta de la Federación Nacional Bacaladera de Chile (FENABACH), Claudia Urrutia, planteó que el caso dejó al descubierto fallas estructurales, demoras en la búsqueda, protocolos insuficientes, seguros que no se pagan a tiempo, y que el proyecto es apenas «la punta del iceberg».
Por su parte, el autor de la moción, Jorge Guzmán (Evópoli), aportó un dato que dimensiona el problema: la búsqueda de los tripulantes habría costado cerca de mil millones de pesos, y planteó que la empresa causante del daño debería asumir esos costos.
Industriales vuelven a la ofensiva por la jibia
Otra vez la jibia estuvo en agenda. El recurso está regulado por la Ley N° 21.134, que reservó su extracción a la pesca artesanal mediante el sistema de potera y excluyó a la flota industrial de arrastre.
Sin embargo, la caida del precio del recurso reactivó las presiones para revisar ese esquema: Fue así como el diputado Republicano, Diego Vergara anunció el interés de oficiales de naves especiales de Talcahuano en exponer por la cesantía de tripulantes y plantas industriales, mientras Marisela Santibáñez (IND) pidió sumar a la Coordinadora de Jibieros y a la Alianza Nacional de Pesca Artesanal.
Carpinteros de ribera: patrimonio versus Ley de Caletas
En el Senado, la comisión que preside Carlos Kuschel (RN) discutió el proyecto que busca incorporar a los carpinteros de ribera como asignatarios de caletas (Boletín 18.172). El oficio, la construcción y reparación artesanal de embarcaciones en madera, de fuerte arraigo en Chiloé, es reconocido como patrimonio cultural, pero está en retroceso frente a astilleros modernos y embarcaciones importadas.
Hubo consenso sobre su valor, pero choque sobre el mecanismo: Miguel Ángel Calisto (IND) sostuvo que el reconocimiento declarativo no basta y que el Estado debe garantizar acceso material al borde costero. Sernapesca, el Ministerio de las Culturas y CONAPACH advirtieron que convertirlos en asignatarios podría colisionar con la Ley de Caletas, diseñada para ser administrada por organizaciones de pescadores artesanales, y propusieron en cambio la vía de las «actividades conexas». El servicio precisó que 661 carpinteros ya solicitaron inscribirse en ese registro.
El momento más tenso: la figura de Antonella León
El punto más álgido de la jornada fue político y giró en torno a Antonella León, asesora del subsecretario de Pesca Osvaldo Urrutia. Su figura concentra parte de la desconfianza del mundo artesanal hacia el Ejecutivo: representantes de la Alianza Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal, encabezados por Hernán Cortés, recordaron que León fue antes asesora del diputado Sergio Bobadilla (UDI), uno de los parlamentarios más activos en la defensa del sector industrial durante la tramitación del proyecto retirado.
León, además, se ha vuelto la voz operativa del Ejecutivo en las comisiones, interviniendo en materias sensibles como la Ley Lafkenche. Fue precisamente una intervención suya sobre esa ley la que detonó el reproche del senador Fidel Espinoza (PS), que la increpó por llegar «con esa prepotencia» a la comisión y anunció que no daría unanimidad para que participen con voz personas distintas de los subsecretarios.
Ambas comisiones quedaron con tareas abiertas: la Cámara seguirá con la «ley Bruma» y abrirá audiencias sobre la jibia; el Senado convocó una mesa técnica entre asesores, Sernapesca, Cultura y Subpesca para ajustar el proyecto de carpinteros sin tensionar la Ley de Caletas.
