Álvaro García asume la cartera con la tarea de cerrar una de las reformas más sensibles del gobierno de Boric, mientras Nicolás Grau pasa a Hacienda con un balance mixto en materia pesquera.
El Presidente Gabriel Boric concretó este miércoles un sorpresivo cambio de gabinete económico que instala al ex ministro de la Concertación, Álvaro García, como nuevo titular de Economía. El movimiento se da en plena recta final del mandato, con el Congreso ad portas de votar artículos clave de la nueva Ley General de Pesca, incluyendo el sistema de licitaciones para el 50% de la cuota industrial. El saliente Nicolás Grau, en tanto, fue nombrado como nuevo ministro de Hacienda, en reemplazo de Mario Marcel.
Cambio en medio de una tramitación crítica
El ajuste ministerial ocurre cuando la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados discute el Título III de la nueva ley, que regula la asignación de licencias industriales —conocidas como licencias tipo B— y define si habrá o no licitaciones competitivas. Esta decisión ha sido rechazada por los grandes conglomerados industriales pesqueros, que se aferran a las llamadas cuotas históricas.
Álvaro García, economista y exministro de Planificación en el gobierno de Ricardo Lagos, tendrá la responsabilidad de negociar con todos los sectores políticos y económicos el desenlace de esta reforma estructural, en un contexto de tensiones crecientes entre el gran empresariado pesquero, el mundo artesanal y parlamentarios oficialistas que exigen mayores niveles de apertura, competencia y transparencia.
Los aciertos de Grau: fraccionamiento, reglas dinámicas y recaudación
El paso de Nicolás Grau por el Ministerio de Economía deja un legado ambivalente en el sector pesquero. Su mayor logro fue la aprobación de la Ley de Fraccionamiento (Ley 21.752), promulgada el 25 de junio de 2025, que corrigió la distribución de cuotas entre pesca industrial y artesanal para más de 20 recursos clave. La ley incluyó mecanismos dinámicos de redistribución y nuevas condiciones para combatir la subdeclaración.
Además, logró separar exitosamente la discusión de fraccionamiento del proyecto general de reforma a la Ley de Pesca, también conocida por sus retractores como Ley Longueira, destrabando así un conflicto político que llevaba años postergado en el Congreso.
Sus errores: retrasos, falta de relato y lobby desbordado
Sin embargo, su gestión también enfrentó críticas por la débil coordinación con Segpres, lo que provocó retrasos en la Comisión de Hacienda del Senado, donde incluso el diputado Jorge Brito (FA) y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) emplazaron al Ejecutivo por falta de urgencia política.
Tampoco logró contener el lobby industrial que se desplegó con fuerza durante la Comisión Mixta de la Ley de Fraccionamiento, lo que derivó en retrocesos en temas como la subasta del jurel y la redistribución de la merluza común. La ausencia de una narrativa pública clara y masiva, que explicara la reforma como un acto de justicia económica y territorial, también es parte del déficit que el nuevo ministro deberá corregir.
Lo que viene: licitaciones, plazos y presión cruzada
García llega con un calendario legislativo apretado y bajo fuego cruzado. Desde el Frente Amplio y sectores del PS exigen que se mantenga la propuesta original del gobierno: un sistema de licitaciones que permita el ingreso de nuevos actores al sector industrial, rompiendo con la concentración de cuotas en pocas empresas.
La industria, en cambio, presiona por fórmulas alternativas, con criterios de “renovación automática” o licitaciones acotadas a pequeños aumentos. A esto se suma la demanda de las pymes pesqueras por un piso reservado del 30% en las futuras licitaciones, como garantía de inclusión.
El nuevo ministro no parte de cero: fue ministro en los gobiernos de la Concertación y conoce las resistencias del Congreso y del empresariado. Pero el contexto político es distinto: con una izquierda tensionada, una derecha alineada con la industria y un gobierno que busca cerrar su legado pesquero, su margen de acción será estrecho.
