Valparaíso. – En medio de la tramitación de la Nueva Ley General de Pesca, el ministro de Economía, Álvaro García, resolvió retirar la suma urgencia que pesaba sobre la iniciativa. La decisión, adoptada tras reuniones con representantes de la gran industria pesquera, generó críticas en el Congreso y abrió un nuevo flanco político para La Moneda.
Señales al sector industrial
La medida fue interpretada como un gesto hacia los armadores industriales, quienes venían cuestionando la rapidez del debate parlamentario y alertaban sobre el impacto de las nuevas reglas en regiones como Biobío y Valparaíso. Según fuentes del oficialismo, la cartera buscó “descomprimir” el ambiente y ganar espacio para perfeccionar indicaciones clave, especialmente las relativas a licencias y subastas.
Reacciones encontradas en el Congreso
La oposición no tardó en acusar al Ejecutivo de ceder a la presión de los grupos económicos. El diputado Sergio Bobadilla (UDI) sostuvo que el cambio “confirma la captura regulatoria que denunciamos: cuando la industria levanta la voz, el Gobierno se detiene”. Desde el oficialismo, en tanto, parlamentarios como Gael Yeomans (CS) defendieron la decisión, asegurando que permitirá un debate más ordenado y con mayores espacios de participación para los pescadores artesanales.
Un proyecto bajo tensión
El retiro de la suma urgencia se da en un momento clave: la Comisión de Pesca ya aprobó artículos sensibles como la duración de las licencias de 10 años y un nuevo impuesto a los armadores, pero dejó pendiente el artículo 66, que regula el sistema de licitaciones. Ese punto es visto como el corazón de la reforma, pues podría abrir el acceso a nuevos actores en un mercado históricamente concentrado.
Proyecciones
Con la urgencia rebajada, el Gobierno gana tiempo, pero también se expone a un escenario más incierto. La oposición buscará dilatar el debate para introducir cambios favorables a la industria, mientras que el bloque oficialista intentará blindar las disposiciones que fortalecen a la pesca artesanal. El desenlace marcará no solo el futuro del proyecto, sino también la relación entre el Ejecutivo y un sector clave para la economía costera del país.
