Este martes, entre las 10:00 y 14:00 horas, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de Ley de Fraccionamiento aprobado por el Senado. A no mediar sorpresa, la iniciativa será derivada a Comisión Mixta, debido a dos diferencias clave entre ambas ramas del Congreso: la cuota de merluza común y la posible subasta de un porcentaje de la nueva cuota de jurel, que permitiría financiar la plataforma social del mundo artesanal.
🧭 ¿Qué pasó?
Durante su paso por el Senado, dos disposiciones centrales fueron modificadas por la Comisión de Hacienda, desmarcándose tanto de lo aprobado por la Cámara de Diputados como por la Comisión de Pesca del Senado:
🔹 Subasta del jurel
El artículo transitorio que permitía licitar hasta un 15% del aumento de la nueva cuota de jurel fue rechazado por la Sala del Senado, a pesar de haber sido propuesto por el Gobierno como fórmula para generar recursos públicos y financiar la plataforma social de los pescadores artesanales.
🔹 Cuota de merluza común
La fórmula de 70% artesanal y 30% industrial fue reemplazada por un 43%-57%, que también fue rechazada en Sala. Esto dejó sin definición a una de las pesquerías más importantes del país, generando serias críticas desde el mundo artesanal.
⚖ ¿Qué está en juego?
Más allá de los porcentajes, lo que está en juego es el financiamiento estructural del proyecto. La propuesta de subastar una parte del aumento de jurel —limitada, acotada y sólo por dos años— fue planteada por el gobierno como mecanismo para sostener la plataforma social, un componente clave de la ley que busca acompañar al sector artesanal en esta transición. Esta plataforma incluye:
Asistencia técnica para pescadores.
Inversión en infraestructura, como caletas y puntos de desembarque.
Apoyo a la formalización y modernización del sector.
Capacitación, seguridad y fomento productivo.
El rechazo de esta norma dejó al Ejecutivo sin una fuente clara de recaudación para implementar estas medidas. Mientras el Gobierno ha defendido la propuesta como constitucional, focalizada y justa —pues no afecta cuotas vigentes ni derechos adquiridos—, sectores de la industria y de la oposición han advertido que este mecanismo no garantiza equidad ni eficiencia.
“La subasta trae consigo mayor concentración y en muchas partes del mundo no ha dado resultado. ¿Por qué debería ser bueno para Chile si otros países lo han desechado?”, cuestionó el diputado Sergio Bobadilla (UDI), agregando: “El gobierno tiene recursos suficientes para implementar una plataforma social de verdad, si es que realmente quiere hacerlo.”
Desde el oficialismo, el diputado Jorge Brito (FA) respondió: “No existe ni hay propuestas alternativas realistas para sostener la plataforma social. Lo que proponen las pesqueras es volver a asignar cuotas por supuestos derechos históricos, y eso va en contra de la esencia de la nueva ley”.
“Si se cae el tema de la licitación, claramente también se va a caer la plataforma social, que es una aspiración que tenemos desde hace más de 10 años”, advirtió Hernán Cortés, presidente de CONDEPP.
🐟 ¿Y la merluza?
La merluza común es clave en las regiones del Biobío y el Maule. No hubo acuerdo entre Cámara y Senado sobre su distribución entre sector artesanal e industrial, por lo que también deberá resolverse en la Comisión Mixta. Se espera una fuerte disputa política y territorial.
“La merluza común está sobreexplotada y las medidas de mitigación han sido mínimas. El arrastre debe eliminarse si queremos recuperar este recurso, que es clave en la economía local de muchas mujeres fileteadoras y charqueadoras”, señaló Sara Garrido, dirigenta nacional de la pesca artesanal.
🧶 ¿Qué sigue?
Tras la votación de este martes en la Cámara de Diputados, lo más probable es que estos nudos críticos vayan a Comisión Mixta, donde el debate entre artesanales e industriales entrará de forma candente a su tramitación final. Ahí, el Gobierno se jugará el corazón de su Ley de Fraccionamiento, decidiéndose tanto la configuración final del reparto de cuotas, como la viabilidad económica del proyecto completo.
