Gobierno evalúa cambiar la protección del lobo marino, pero advierte riesgos comerciales
El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, manifestó en la Comisión de Pesca de la Cámara que el Ejecutivo está dispuesto a evaluar el levantamiento de la veda extractiva y una cuota o remoción selectiva del lobo marino. La propuesta deberá enfrentar restricciones científicas, ambientales y comerciales, además de los compromisos internacionales que mantiene Chile para la protección de mamíferos marinos.
Uno de los debates más sensibles de la política pesquera chilena volvió a instalarse este martes en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. En medio de la crisis que enfrentan los pescadores artesanales de Los Lagos por la creciente interacción con el lobo marino, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, afirmó que el Gobierno está dispuesto a evaluar el levantamiento de la veda extractiva vigente y analizar la implementación de una cuota o remoción selectiva de ejemplares, tratándolos bajo criterios similares a los utilizados para otros recursos marinos.
La declaración representa un cambio relevante en la discusión pública, considerando que el lobo marino común mantiene una veda extractiva absoluta hasta 2031 y que cualquier mecanismo que implique su captura o caza genera un amplio debate ambiental, científico, jurídico y comercial.
Pese a abrir la discusión, el subsecretario fue claro en señalar que un eventual levantamiento de la veda no podrá concretarse sin cumplir previamente una serie de requisitos.
Explicó que primero deberá existir un proyecto operativo presentado por los actores interesados, en el que se detalle el método de extracción, el número de ejemplares, el procesamiento de los animales y el destino comercial de los productos obtenidos.
Además, indicó que Chile actualmente no cuenta con una figura jurídica equivalente a una pesca exploratoria para este caso, por lo que una de las alternativas sería desarrollar inicialmente una pesca de investigación que permita evaluar la factibilidad de una medida de estas características.
El principal obstáculo también está fuera de Chile
Durante su intervención, Urrutia reconoció que uno de los aspectos más complejos de una eventual remoción selectiva no es únicamente técnico o legal.
El subsecretario explicó que cualquier iniciativa deberá ser coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores y considerar la normativa estadounidense de protección de mamíferos marinos, la Marine Mammal Protection Act (MMPA), debido al impacto que una modificación de la actual política de protección podría tener sobre las exportaciones pesqueras y acuícolas chilenas hacia ese mercado.
Por ello, advirtió que cualquier proceso requerirá diversas etapas previas y descartó que pueda materializarse en el corto plazo.
Durante la misma sesión, la jefa del Departamento de Evaluación de Pesquerías del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Patricia Zárate, expuso los antecedentes científicos disponibles sobre la interacción entre el lobo marino y la pesca artesanal.
Según explicó, las experiencias nacionales e internacionales muestran resultados limitados para las medidas disuasivas no letales. Sin embargo, también advirtió que una remoción letal selectiva exige identificar correctamente a los ejemplares problemáticos, operar bajo una regulación estricta y asumir altos costos de implementación.
Asimismo, señaló que la aplicación de cuotas de caza puede generar impactos ecológicos, controversia social y riesgos comerciales o de certificación para los productos pesqueros, por lo que recomendó privilegiar un manejo integral basado en prevención, innovación tecnológica, monitoreo permanente, educación ambiental y gobernanza participativa.
La representante del IFOP recordó además que actualmente rige una veda extractiva absoluta para el lobo marino común hasta 2031, junto con otras medidas de protección para reptiles, aves y mamíferos marinos que se extienden hasta 2055.
Las declaraciones del subsecretario encontraron respaldo en parte de los integrantes de la comisión.
El diputado Mauro González (RN) destacó que, por primera vez desde que integra la Comisión de Pesca, una autoridad del Ejecutivo manifestara disposición a analizar una cuota de caza, mientras que Diego Vergara (Partido Republicano) sostuvo que resulta necesario avanzar con rapidez en mecanismos de control poblacional para modificar la conducta de los ejemplares que afectan las faenas pesqueras.
En contraste, la diputada Andrea Macías (PS) advirtió que el conflicto no puede atribuirse exclusivamente al lobo marino y planteó la necesidad de abordar factores estructurales como la pesca ilegal, la protección de las zonas de desove de la merluza austral y la presión sobre el recurso.
Al término de la sesión, la Comisión de Pesca acordó solicitar la colaboración de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Ciencia para evaluar alternativas científicas y cooperación internacional, mientras el Ejecutivo quedó a la espera de propuestas técnicas que permitan analizar una eventual pesca de investigación u otro mecanismo jurídico antes de discutir el levantamiento de la veda extractiva del lobo marino.
