Este miércoles la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados sigue discutiendo la Nueva Ley General de Pesca. En el centro de la discusión están las licitaciones de cuotas industriales, un mecanismo que divide opiniones entre quienes lo ven como una vía para aumentar la recaudación fiscal y reducir la concentración del mercado, y quienes lo consideran aún insuficiente para abrir espacio a nuevos actores.
En entrevista a PescaHoy.cl, José Montt, representante de las pymes pesqueras de la Macro Zona Sur, y Hernán Cortés, presidente de la Confederación de Pescadores Artesanales, reflexionaron sobre los desafíos que plantea la posibilidad de cambiar el sistema pesquero.
Montt: “Un piso mínimo del 30% es fundamental”
“La evidencia es clara, respecto a que los actores históricos han gozado de un permiso para explotar los recursos de todos los chilenos en forma gratuita desde el año 1991, donde por ley se debía licitar el 50% de las cuotas y nunca se ejecutó”, recuerda José Montt.
Según el dirigente, incluso la reforma de 2012 dejó un espacio muy limitado:
“Con la ley del 2012 se logró avanzar a sólo un 15% de licitación efectiva, pero sin restricciones para que los más grandes pudieran licitar directa o indirectamente (…) además de otras barreras de entrada que impiden el ingreso de las pymes u otro actor que quiera participar”.
Montt pone el acento en la diferencia de recaudación. De acuerdo al estudio publicado por el Ministerio de Economía, las licencias licitadas tipo B (LTP-B) generaron en 2024 ingresos promedio por más de $117 por kilo, versus los $15 que recaudan las licencias asignadas por derecho histórico (LTP-A). Para Montt, la conclusión es evidente:
“Las subastas bien diseñadas siempre van a recaudar más que un impuesto determinado, y es lo que ha ocurrido en el sector pesquero. La recaudación por LTP-B es 4,5 veces superior a lo recaudado por las LTP-A el año 2024”.
Reservas obligatorias y competencia justa
Para él, el cambio debe ser estructural:
“La reserva de un 30% para ser subastado entre pymes es importante porque la ley actual establece que, para las licitaciones de LTP-B se deberá reservar un porcentaje para las empresas más pequeñas, sin embargo, no establece un valor. (…) Por eso es importante establecer un mínimo de reserva para las empresas pequeñas, además de otras condiciones que nos permitan competir entre pares y en igualdad de condiciones”.
Montt también advierte sobre distorsiones estructurales en el sistema actual:
“Actualmente el diseño de las subastas las convierte en un traje a medida para los actuales incumbentes. (…) Uno de los mayores problemas para competir con las grandes empresas radica en que la gran industria tiene un subsidio encubierto. Ellos pagan un impuesto específico minúsculo por el 85% de su pescado, mientras que una pyme que solo podría optar a LTP-B tendrá que pagar 4,5 veces más. Al final nos dejan fuera antes de comenzar el juego”.
A eso suma el problema del sur austral:
“Para la zona sur austral se creó un artículo especial en la llamada ley Longueira, que permite que los pescadores artesanales puedan vender el 100% de su cuota a la industria sin necesidad siquiera de acercarse al mar. (…) Esta situación creó que en el sur tengamos pescadores de papeles que venden el 100% de su cuota a la industria, y pescadores de verdad que sí pescan, pero sus cupos se acaban en pocos meses”.
Hernán Cortés: “Un sistema bien reglamentado puede dar buenos frutos”
En el sector artesanal, la mirada se concentra en qué hacer con los recursos adicionales que generan las licitaciones. Para Hernán Cortés, presidente de la CONDEPP, los datos son claros:
“El estudio presentado por el Ministerio de Economía da luces de que ese es el camino. Lo que hace es generar más obtención de recursos a través de las licitaciones”.
Desde esa perspectiva, Cortés enfatiza que las licitaciones deben tener reglas claras y objetivos sociales, orientados a compensar décadas de desigualdad:
“Sí, tenemos la convicción de que ese es el camino, que es un tema que bien reglamentado puede dar muy buenos frutos. Y estos frutos esta vez deben ser compartidos con el sector pesquero, para construir la plataforma social, entre otras cosas”.
Redistribución con foco social
Cortés plantea que esos recursos deben permitir construir un nuevo sistema de protección para los pescadores:
“En esta corrección tiene que estar abordado sí o sí el tema de la plataforma social, que incluya la estabilidad de las pesquerías cuando uno entra en crisis, tener un mecanismo que vaya en ayuda a los pescadores ante los siniestros (…) y por supuesto un sistema de pensiones dignas para nuestros pescadores artesanales”.
Aunque con distintos énfasis, Montt y Cortés coinciden en que el sistema actual ha sido históricamente capturado por la gran industria y que la transición hacia licitaciones más amplias puede abrir la puerta a una mayor equidad.
