La disputa judicial por la Ley de Fraccionamiento sumó un nuevo capítulo luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazara la demanda presentada por la pesquera Blumar, descartando que exista una expropiación regulatoria tras los cambios en la normativa.
Por qué importa
El caso marca un punto relevante en la discusión sobre la ley de fraccionamiento, ya que las acciones judiciales impulsadas por empresas del sector han buscado cuestionar el rediseño del reparto de cuotas entre pesca artesanal e industrial. La respuesta del Estado fija una posición jurídica que podría influir en otras demandas en curso.
En qué consiste
Según consignó La Tercera, el CDE respondió a la acción presentada ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, en la que Blumar solicitaba indemnización por los efectos de la ley de fraccionamiento.
El organismo descartó que exista una vulneración al derecho de propiedad, argumentando que la empresa no ha sido privada de sus Licencias Transables de Pesca. En esa línea, sostuvo que estos instrumentos no garantizan la existencia de recursos ni un porcentaje fijo de captura, ya que operan sobre una base variable.
El CDE también planteó que el fraccionamiento corresponde a una política pública definida por el legislador, diferenciando este concepto de las licencias mismas. En su respuesta, enfatizó que el derecho de propiedad no se extiende a los porcentajes de distribución entre sectores.
Otro de los puntos centrales fue el cuestionamiento al cálculo de perjuicios presentado por la empresa, estimado en más de $194 mil millones. El organismo sostuvo que dicha proyección carece de sustento jurídico y científico, al no considerar variables clave como costos productivos, niveles de captura o condiciones del mercado.
Además, el Estado rechazó la idea de un crecimiento sostenido del 15% anual en las cuotas de captura, señalando que este supuesto no es exigible y responde a una regla técnica internacional orientada a estabilizar la explotación del recurso.
Qué viene ahora
La respuesta del CDE se configura como la primera contestación formal frente a las demandas impulsadas por empresas del sector contra la ley de fraccionamiento, lo que podría anticipar la línea de defensa del Estado en causas similares. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
En paralelo, el proceso judicial continuará en tribunales, donde se evaluará la consistencia de los argumentos presentados por ambas partes.
El conflicto también mantiene abierta una dimensión política, ya que la ley de fraccionamiento sigue siendo uno de los ejes centrales del rediseño del sistema pesquero, con efectos directos en la distribución de recursos, la competencia y el equilibrio entre sectores.
