En la instancia se dilató la votación en general de la ley de fraccionamiento que favorece a artesanales y se cuestionó un informe financiado por la industria pesquera.
El pasado miércoles 15 de enero, la Comisión de Pesca del Senado retomó la discusión del proyecto de ley que redefine el fraccionamiento de cuotas pesqueras entre los sectores artesanal e industrial. La iniciativa, que cuenta con discusión inmediata, busca equilibrar las asignaciones históricas y priorizar la sustentabilidad del recurso.
Durante la sesión, presidida por la senadora Loreto Carvajal (PPD), se presentaron actores clave como Aurora Guerrero, directora de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), y representantes de gremios como Sonapesca, Blumar y Alimar. Aunque los expositores compartieron diagnósticos críticos sobre los impactos laborales y ambientales, el consenso pareció distante.
Informe cuestionado y tensiones en el debate
Uno de los puntos relevantes fue el destacado por Aurora Guerrero: la baja participación femenina en el sector artesanal, que alcanza apenas un 2,5%. Por su parte.
El economista Patricio Arrau presentó un informe sobre los impactos económicos del fraccionamiento, especialmente en regiones como Biobío. Sin embargo, su intervención fue cuestionada por el senador Daniel Núñez (PC), quien señaló que el estudio había sido financiado por la industria pesquera local, lo que ponía en duda su imparcialidad. El senador reforzó la controversia al interrumpir a Arrau para solicitar más detalles sobre el origen del encargo: «¿Quién lo solicitó? Sí, fue solicitado, como dice la nota, fue solicitado por los pescadores industriales del Biobío. Está en la nota y, por cierto, es un encargo de impactos, porque una ley como esta debe tener los impactos», declaró Nuñez.
Reacciones parlamentarias
Entre los senadores, las posturas también estuvieron divididas. Daniel Núñez criticó la posibilidad de indemnizaciones para empresas cuestionadas por corrupción, destacando en cambio los modelos cooperativos como una alternativa viable para garantizar equidad y sustentabilidad. Por su parte, el senador Sandoval (UDI) enfatizó la necesidad de estudiar a fondo las implicancias sociales y laborales antes de avanzar con la votación general.
Próximos pasos
La votación en general del proyecto se realizará el martes 21 de enero, aunque la votación particular aún no tiene fecha definida. «Debemos asegurar que el análisis técnico sea exhaustivo antes de tomar decisiones que afectarán a miles de familias», concluyó.
Con la presión del Ejecutivo por cumplir con los plazos de discusión inmediata, los gremios y sindicatos instan al Senado a considerar los efectos a largo plazo de una legislación que podría redefinir las bases de la industria pesquera en Chile.
