La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura decidió extender el plazo para presentar indicaciones y seguir escuchando a organizaciones antes de avanzar con el proyecto que permitiría excepcionalmente el arrastre de media agua a seis naves del Biobío.
La discusión para modificar la denominada Ley de la Jibia entró este miércoles en una nueva etapa en el Senado. Luego de que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura aprobara anteriormente la idea de legislar, esta vez acordó ampliar las audiencias y solicitar nuevos antecedentes técnicos antes de avanzar en la discusión particular.
La decisión se produjo tras una sesión donde volvieron a enfrentarse dos posiciones: la defensa de la potera como método exclusivo de captura y los argumentos laborales y productivos para autorizar excepcionalmente el arrastre de media agua a seis embarcaciones del Biobío.
Artesanales cuestionan la apertura al arrastre
La senadora Karol Cariola (PC) cuestionó que la idea de legislar se hubiera aprobado en una sesión anterior sin escuchar previamente a organizaciones de pescadores artesanales ni contar con una posición formal del Ejecutivo. La parlamentaria manifestó su oposición al proyecto y pidió ampliar las audiencias.
Desde el sector artesanal, Hugo Poblete sostuvo que la jibia constituye uno de los últimos recursos relevantes para numerosas caletas y advirtió que el principal problema actual no sería la capacidad de captura, sino las dificultades de procesamiento y comercialización.
Según expuso, el precio habría caído desde aproximadamente $1.800 hasta $380 por kilo, por lo que una mayor capacidad industrial podría aumentar la presión sobre el mercado.
La dirigenta Lucía Ortiz defendió la potera como un arte selectivo y advirtió que la entrada del sector industrial podría concentrar desembarques y provocar nuevas bajas de precios. Luis Zapata, representante artesanal de Tongoy, también rechazó la modificación y recordó que la industria ha tenido años para adaptar sus métodos de captura desde la entrada en vigencia de la actual Ley de la Jibia.
El argumento laboral detrás de la excepción para seis naves
Una posición distinta planteó Hugo Arancibia, quien defendió el proyecto argumentando que se trata de una excepción acotada.
Según explicó, las seis embarcaciones operarían mediante arrastre de media agua entre los 50 y 80 metros de profundidad, con una captura incidental estimada de 0,13%. La modificación, sostuvo, permitiría desembarcar alrededor de 19.500 toneladas correspondientes al sector industrial y resguardar cerca de 1.700 empleos vinculados a la actividad en el Biobío.
La controversia tiene como antecedente la Ley 21.134, aprobada en 2019, que estableció la potera o línea de mano como método autorizado para extraer jibia. Sin embargo, el nuevo fraccionamiento mantiene una participación industrial sobre el recurso, abriendo una discusión respecto de cómo esa cuota puede ser efectivamente capturada.
El actual Ejecutivo ya había reconocido esa tensión. En abril, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, señaló ante la Comisión de Pesca de la Cámara que el problema no estaba en cuestionar el 90% artesanal, sino en resolver qué ocurre con el 10% industrial cuya extracción se encuentra limitada por la normativa vigente.
El senador Iván Flores (DC) advirtió que durante las exposiciones surgieron antecedentes técnicos contradictorios sobre migración, selectividad, captura incidental y efectos económicos. Por ello, planteó solicitar información a Subpesca, Sernapesca e IFOP.
Los senadores Karol Cariola y Daniel Núñez (PC) reiteraron su oposición al proyecto, mientras el presidente de la Comisión, Carlos Kuschel (RN), planteó extender el plazo para presentar indicaciones.
