La Comisión de Pesca de la Cámara volvió a debatir el futuro de la jibia, esta vez a partir de las advertencias sobre desempleo en el Biobío. Sin embargo, la Subsecretaría de Pesca fue categórica: las condiciones biológicas, oceanográficas y de mercado no justifican hoy una reforma a la Ley 21.134.
La situación de la jibia volvió a instalarse en el centro de la discusión pesquera este martes en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. El detonante fue la exposición del Sindicato de Oficiales de Naves Especiales y Regionales de Talcahuano (SIET), que alertó sobre el aumento de la cesantía en la Región del Biobío y pidió reabrir el debate sobre la actual regulación del recurso.
Sin embargo, la principal señal de la jornada no vino desde los trabajadores ni desde los dirigentes artesanales, sino desde el propio Ejecutivo. La Subsecretaría de Pesca descartó avanzar, por ahora, en una modificación de la Ley de la Jibia, cerrando una discusión que en los últimos meses había sido impulsada por distintos sectores ligados a la industria y al empleo pesquero.
El argumento de los trabajadores
Durante la sesión, el presidente del sindicato SIET, Juan Carlos González, sostuvo que la Región del Biobío enfrenta una tasa de desocupación cercana al 10% y advirtió que la combinación entre una baja disponibilidad de jurel y una escasa captura de jibia mantiene en riesgo miles de puestos de trabajo asociados a plantas de proceso.
Según planteó, desde la entrada en vigencia de la Ley 21.134 una parte importante de la cuota disponible de jibia ha quedado sin capturarse, situación que a su juicio debilita la posición de Chile en el largo plazo y reduce las oportunidades de empleo vinculadas a la actividad.
Por ello, propuso revisar el actual esquema regulatorio y estudiar fórmulas que permitan una autorización acotada y fiscalizada para aumentar la capacidad extractiva del recurso.
Artesanales defienden la ley
Pascual Aguilera, representante de la Coordinadora Nacional de Jibieros, sostuvo que la discusión no puede reducirse a un problema de captura, sino que forma parte de una disputa histórica entre el sector artesanal y la industria.
A su juicio, la Ley de la Jibia permitió ordenar la pesquería, proteger el destino del recurso para consumo humano y establecer reglas claras sobre los artes de pesca autorizados. Por ello, rechazó cualquier intento de reabrir espacios para el cerco o el arrastre industrial.
Una posición similar planteó Gigliola Centonzio, de la Alianza Pesca Maule, quien defendió la actual regulación desde una perspectiva biológica. Explicó que la jibia es una especie altamente variable y sensible a cambios oceanográficos, por lo que aumentar el esfuerzo de pesca industrial no aparece como una medida adecuada.
Además, cuestionó el argumento de la eventual pérdida de cuota internacional, señalando que la regulación de la OROP del Pacífico Sur opera sobre aguas internacionales y no determina directamente las cuotas que Chile establece dentro de su zona económica exclusiva.
Desde Quintero y Puchuncaví, Hugo Poblete advirtió que la jibia se ha transformado en uno de los pocos recursos rentables para numerosas caletas del país y sostuvo que permitir nuevamente métodos industriales altamente eficientes podría aumentar significativamente la presión sobre la pesquería.
La postura fue reforzada por Hernán Cortés, vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, quien afirmó que el sector artesanal se opondrá a cualquier intento de modificar la actual reserva funcional del recurso.
Según señaló, la discusión no debe centrarse en generar empleo industrial a costa del empleo artesanal, sino en impulsar medidas como la apertura de registros artesanales donde corresponda, el fortalecimiento de pymes procesadoras y la eliminación del impuesto específico a los combustibles.
La señal del Gobierno
La definición más esperada llegó desde el Ejecutivo. Daniela Bolvarán, jefa de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca, sostuvo que actualmente no existen condiciones para avanzar en una modificación de la Ley de la Jibia.
La autoridad fundamentó esta posición en tres elementos: la variabilidad oceanográfica que presenta el recurso, la incertidumbre sobre la evolución futura de la biomasa y el deterioro del mercado internacional producto del aumento de la oferta proveniente de China y Perú, además de la aparición de productos sustitutos.
En la misma línea, Mauro Urbina, jefe del Departamento de Análisis Sectorial, explicó que el aumento de desembarques internacionales registrado desde mediados de 2025 ha presionado los precios a la baja, configurando un escenario que no justificaría una reforma legal.
Junto con ello, Bolvarán informó que el Gobierno trabaja en una política de fomento al consumo interno de productos del mar, mediante una mesa intersectorial junto a los ministerios de Educación y Salud, orientada a ampliar la demanda doméstica por proteínas marinas que hoy tienen una presencia limitada en la dieta de los chilenos.
Apoyo a la decisión de la Subsecretaría
La discusión dejó además una señal política relevante. Las diputadas Carolina Tello (FA) y Priscilla Castillo (DC) respaldaron explícitamente la decisión del Ejecutivo de mantener la ley vigente, enfatizando la necesidad de fortalecer la pesca artesanal, impulsar más investigación científica y avanzar en procesos de reconversión productiva.
Por su parte, el diputado Diego Vergara (Republicanos) sostuvo que el problema tiene una dimensión comercial y de mercado más amplia que la normativa vigente y terminó respaldando la decisión de no modificar la ley por ahora.
La voz más crítica fue la del diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien manifestó preocupación por la subutilización de la cuota de jibia y por las implicancias que ello podría tener para la posición de Chile en organismos internacionales. También cuestionó cómo incentivar nuevas inversiones en procesamiento mientras las plantas industriales continúan fuera de esta pesquería.
