Ley de fraccionamiento entra en revisión administrativa tras reclamo presentado por Sonapesca
La Ley de Fraccionamiento comenzó una nueva etapa administrativa luego de que la Contraloría General de la República instruyera a la Subsecretaría de Pesca iniciar un procedimiento de invalidación de la resolución que implementó la redistribución de cuotas de captura. La decisión se adoptó tras un reclamo presentado por Sonapesca, que cuestionó que no se consultara previamente a los Comités de Manejo y Consejos Zonales.
Según informó Diario La Región, organizaciones de pescadores artesanales comenzaron a reunirse para informarse sobre el proceso e iniciar la presentación de reclamaciones y antecedentes durante el plazo establecido por la autoridad.
Por qué importa
La resolución observada por Contraloría es la que materializa la redistribución de porcentajes de captura establecidos por la nueva legislación entre el sector artesanal y el industrial.
La instrucción del organismo fiscalizador no deja sin efecto la ley, sino que obliga a la Subsecretaría de Pesca a desarrollar un procedimiento administrativo y reportar las medidas adoptadas dentro de un plazo de 90 días.
En qué consiste el proceso
La Subsecretaría de Pesca abrió un período para que las partes involucradas presenten reclamaciones, descargos y antecedentes antes de resolver la invalidación de la resolución observada.
Frente a este escenario, dirigentes de la pesca artesanal comenzaron reuniones informativas para preparar la documentación que presentarán durante el procedimiento administrativo.
De acuerdo con la información publicada, el plazo otorgado por la autoridad se extenderá hasta octubre, período en que deberán reunirse los antecedentes antes de adoptar una decisión respecto de la resolución cuestionada.
Qué viene ahora
Mientras se desarrolla el procedimiento administrativo, la ley de fraccionamiento continúa vigente y los nuevos porcentajes de captura obtenidos por la pesca artesanal permanecen sin modificaciones.
Una vez concluido el plazo de 90 días, la Subsecretaría de Pesca deberá informar las medidas adoptadas como resultado del proceso instruido por la Contraloría.
