Cuatro grandes empresas pesqueras —Camanchaca, Blumar, Landes y FoodCorp— han demandado al Estado por la Ley de Fraccionamiento aprobada en 2025. Las compañías sostienen que los cambios en las cuotas constituyen una “expropiación”, mientras desde el mundo artesanal se advierte una nueva arremetida de la industria para revertir la redistribución de recursos.
¿Por qué importa en la discusión pesquera?
La Ley de Fraccionamiento Pesquero, aprobada en 2025, buscó corregir uno de los desequilibrios históricos del sistema pesquero chileno, tratando de equiparar las cuotas de pesca (lo que pueden pescar) para la industria y la pesca artesanal, redistribuyendo parte de las capturas hacia estos últimos.
Para organizaciones artesanales y pymes pesqueras, el fraccionamiento representó un avance en equidad en el acceso a los recursos del mar, mientras que para parte de la industria implicó una reducción en su participación histórica en ciertas pesquerías.
El inicio del gobierno de José Antonio Kast coincide con una ofensiva judicial de parte de algunas de las mayores empresas pesqueras del país contra la Ley de Fraccionamiento, una norma que modificó la distribución de cuotas entre el sector industrial y la pesca artesanal.
¿Qué busca la demanda?
El sector artesanal interpreta las demandas como un intento de deslegitimar la reforma aprobada durante el gobierno anterior, mientras que la industria señala que las cuotas constituyen una “expropiación” de estos derechos históricos.
Las empresas involucradas son:
Camanchaca, Blumar, Landes, FoodCorp. Todas sostienen un argumento central: que la modificación de cuotas aprobada en 2025 habría afectado derechos económicos adquiridos bajo el marco regulatorio previo.
Camanchaca abre la ofensiva
La primera demanda fue presentada por Camanchaca, que ingresó una acción de indemnización de perjuicios el 31 de enero ante el 18° Juzgado Civil de Santiago.
La compañía exige $90 mil millones, argumentando que el Estado modificó las reglas bajo las cuales se realizaron inversiones.
El CEO de la empresa, Ricardo García, sostuvo que el cambio en el sistema afecta la confianza en el marco institucional.
“Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”.
García añadió que, en su opinión, si existe una expropiación el Estado estaría obligado a compensar económicamente.
Blumar eleva el monto del conflicto
Posteriormente Blumar anunció una demanda por US$216 millones, insistiendo en que el fraccionamiento constituye una “expropiación sin compensación”.
Desde la compañía afirmaron que la ley vulneraría la certeza jurídica bajo la cual operaba el sector.
Landes refuerza el argumento
Luego se sumó Landes, que planteó una tesis similar en su acción judicial. La empresa sostiene que la ley habría generado una “expropiación encubierta del patrimonio” de la firma al modificar la distribución de las capturas.
FoodCorp se suma a las acciones legales
La ofensiva judicial continuó esta semana con FoodCorp, empresa con base en Coronel y participación de capitales noruegos.
La firma acusa un perjuicio superior a US$100 millones. El CEO de FoodCorp Chile, Andrés Daroch, afirmó que los cambios en las asignaciones de pesca afectan inversiones, contratos laborales y compromisos comerciales.
“Estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones y contratos”.
Otros temas que alegan
Cambios en la distribución del jurel.
La creación de un impuesto asociado a la compra de cuota internacional de este recurso.
Según FoodCorp, estos elementos incrementarían los costos operacionales del sector.
Entre líneas
Las demandas reflejan una estrategia que ya venía anticipándose en el sector industrial: judicializar la implementación de la Ley de Fraccionamiento comenzado el nuevo gobierno de José Antonio Kast, buscando revertir el principal logro en pesca del gobierno de Gabriel Boric.
La norma fue aprobada en 2025 tras un largo debate legislativo y tuvo como uno de sus objetivos modificar el reparto histórico de cuotas entre la industria y la pesca artesanal.
Para algunos actores del sector, la apuesta de las empresas sería abrir un nuevo ciclo de presión institucional para revisar o compensar los cambios introducidos por el fraccionamiento.
Qué viene ahora para el nuevo gobierno
Definir la defensa jurídica del Estado frente a las demandas.
Implementar la Ley de Fraccionamiento ya vigente.
Retomar la discusión pendiente de la Nueva Ley General de Pesca, que quedó inconclusa en el Congreso.
Dictar el nuevo reglamento de licitaciones, que según fuentes de la autoridad saliente se encuentra prácticamente listo y debe ser aplicado por la nueva subsecretaría de pesca
