Ley Bruma será votada en general tras intenso debate sobre seguridad y financiamiento
La Comisión de Pesca continuó la discusión del proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Marítima. Mientras Subpesca y DIRECTEMAR respaldaron la iniciativa, parlamentarios de distintos sectores advirtieron que las nuevas exigencias podrían resultar difíciles de asumir para miles de embarcaciones artesanales.
La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados continuó este miércoles la discusión en general del proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Marítima, conocido como «Ley Bruma«, iniciativa que busca reforzar las condiciones de seguridad para la navegación tras una serie de accidentes ocurridos en los últimos años.
Durante la sesión, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, manifestó el respaldo del Ejecutivo a los objetivos del proyecto y recalcó que la seguridad de la vida humana en el mar constituye una prioridad, especialmente para la flota artesanal. Sin embargo, precisó que gran parte de las modificaciones propuestas corresponden a materias reguladas por la Ley de Navegación y el Código del Trabajo, por lo que son competencias que recaen principalmente en DIRECTEMAR y la Dirección del Trabajo.
La autoridad informó además que actualmente existen 13.186 embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal, de las cuales cerca de 12.130 corresponden a naves menores de 12 metros de eslora, segmento que sería el más impactado por las nuevas exigencias de seguridad.
Por su parte, el contraalmirante Sigfrido Ramírez, en representación de DIRECTEMAR, respaldó el espíritu del proyecto, aunque planteó diversas observaciones técnicas para perfeccionar su contenido. Entre ellas, propuso que la ley no establezca equipos específicos como las radiobalizas EPIRB, sino que consagre una obligación general de contar con sistemas de alerta de emergencia, dejando los detalles técnicos al reglamento para facilitar futuras actualizaciones tecnológicas.
Uno de los aspectos que concentró mayor atención fue precisamente el impacto económico de estas exigencias sobre la pesca artesanal. Según informó DIRECTEMAR, una radiobaliza puede costar alrededor de US$1.300, a lo que se suma una mantención y certificación cercana a US$190 cada dos años. Como alternativa para embarcaciones menores, se mencionaron balizas personales con un valor aproximado de $300 mil, además de un plan mensual cercano a $25 mil.
El presidente de la comisión, diputado Alejandro Bernales (PL), advirtió que, si bien el proyecto responde a una preocupación legítima por la seguridad marítima, también será necesario equilibrar las nuevas obligaciones con la realidad económica del sector artesanal. Como ejemplo, señaló que algunos pescadores de la Región de Los Lagos han manifestado preocupación porque solo los planos exigidos para sus embarcaciones podrían representar costos entre $4 y $5 millones, sin considerar otros elementos obligatorios de seguridad.
La diputada Andrea Macías (PS), en tanto, consultó sobre la posibilidad de fortalecer también los elementos de seguridad personal para las tripulaciones, mientras que el diputado Sergio Bobadilla (UDI) valoró las observaciones formuladas por DIRECTEMAR y planteó que estas deberían transformarse en indicaciones durante la discusión en particular del proyecto.
Diferencias por el Registro Pesquero Artesanal
En la parte final de la sesión, la discusión se trasladó nuevamente al procedimiento de invalidación de la Resolución Exenta N° 2.563 de 2025, mediante la cual el gobierno anterior abrió nuevas inscripciones al Registro Pesquero Artesanal.
La diputada Carolina Tello (FA) manifestó preocupación por la incertidumbre que enfrentan los pescadores beneficiados con esa resolución y solicitó que Subpesca entregue información clara sobre el procedimiento de invalidación y los mecanismos para presentar observaciones dentro del plazo establecido.
Consultado por el diputado Sergio Bobadilla (UDI), el subsecretario Urrutia respondió que dicho procedimiento se realiza por instrucción de la Contraloría Regional de Valparaíso y sostuvo que la resolución cuestionada «abrió el Registro Pesquero Artesanal por la ventana», agregando que Subpesca inició formalmente el proceso de invalidación el pasado 26 de junio en cumplimiento del dictamen del órgano contralor.
Plataforma social vuelve al debate
Otro de los temas que reapareció fue la denominada plataforma social para la pesca artesanal, eliminada tras el retiro del proyecto de nueva Ley General de Pesca.
La diputada Nathalie Castillo (PC) sostuvo que el Congreso debería comenzar a trabajar en una reforma constitucional que permita restituir ese conjunto de beneficios sociales y previsionales para pescadores, pescadoras y actividades conexas, argumentando que el retiro de la denominada «Ley de Pesca 2.0″ dejó pendiente una dimensión clave para el desarrollo del sector artesanal. Además, planteó revisar la categorización de las embarcaciones y fortalecer la fiscalización del sector.
La Comisión acordó continuar la tramitación del proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Marítima y su presidente informó que la iniciativa será sometida a votación en general durante la sesión del próximo miércoles 15 de julio.
