Desde hace varias semanas, el puerto de Lebu, que es el corazón de la jibia artesanal en Chile, está enfrentando una de sus peores crisis. Al menos 1.800 lanchas no pueden salir a trabajar debido a una combinación de normativas, migración de especies y límites geográficos que, según los pescadores, ya no reflejan la realidad del mar.
¿Qué está sucediendo?
La raíz del problema radica en la actual zonificación pesquera: la jibia solo puede ser capturada en ciertas regiones por flotas artesanales que están registradas en esas áreas. Sin embargo, los pescadores de Lebu denuncian que el recurso ya no se encuentra en la Región del Biobío, sino más al norte. Ir a buscarlo fuera de su zona los pone en riesgo de enfrentar multas, decomisos e incluso sanciones más severas.
La situación se ha vuelto insostenible para los sindicatos locales. Las plantas están paralizadas, los ingresos han caído en picada, y los líderes del sector afirman que el sistema actual ha “dejado atrás” tanto a la jibia como a quienes han trabajado con ella durante décadas. La presión es intensa: la pesquería de la jibia es crucial para la economía local y su captura está en manos de los pescadores artesanales, quienes reciben el 90% de la cuota asignada tras la reciente ley de fraccionamiento.
Frente a esta crisis, los pescadores han salido a exigir dos medidas clave: que se declare a la jibia como especie altamente migratoria y que se revise la zonificación pesquera para adaptarla a los cambios en la distribución del recurso. No están pidiendo más cuota, aclaran, sino la posibilidad de trabajar donde actualmente se encuentra el recurso sin temor a ser sancionados.
Desde el Congreso, parlamentarios como la diputada Karen Medina han solicitado al Ejecutivo que emita un decreto urgente para declarar la jibia como especie migratoria y permitir medidas de contingencia. La Comisión de Pesca de la Cámara ya ha comenzado a recoger testimonios y antecedentes, mientras que el Ministerio de Economía aún no ha dado una respuesta clara.
¿Por qué es tan importante esto?
Porque no se trata solo de pescar un recurso, sino del sustento de miles de familias, de mantener las operaciones portuarias en Lebu, y de la necesidad de que las políticas pesqueras se adapten de manera ágil a lo que sucede en el mar.
¿Qué se puede esperar ahora?
Hay al menos tres puntos clave que debemos seguir en las próximas semanas:
- Si el Gobierno va a emitir un decreto que permita a los pescadores de Lebu trabajar en otras regiones sin multas mientras se revisa la zonificación.
- La respuesta de Subpesca y el IFOP, que deben proporcionar datos actualizados sobre la biomasa y su desplazamiento.
- El debate en el Parlamento sobre posibles reformas normativas para las pesquerías migratorias, que podrían abarcar más que solo la jibia.
Mientras tanto, los botes siguen en tierra, y con ellos, la preocupación de una comunidad que no está pidiendo más, sino simplemente la oportunidad de seguir pescando.
