En conversación exclusiva con PescaHoy, el exsubsecretario de Pesca y Acuicultura Julio Salas, sostuvo que las Licencias Transables de Pesca no garantizan la permanencia de las normas que regulan la distribución de cuotas. Salas defendió la distinción jurídica entre los derechos asociados a una licencia industrial y las facultades del Congreso para modificar el fraccionamiento pesquero.
La controversia entre Emdepes y el Estado por la aplicación de la Ley de Fraccionamiento abrió una discusión jurídica sobre el alcance de los derechos asociados a las Licencias Transables de Pesca (LTP) y los límites de las facultades del legislador para modificar la distribución de cuotas entre los sectores artesanal e industrial.
Tras los alegatos realizados el 27 de octubre ante el Tribunal Constitucional (TC), el exsubsecretario de Pesca y Acuicultura Julio Salas reapareció públicamente para abordar los fundamentos de los requerimientos de inaplicabilidad presentados por la empresa y expresó su confianza en que sean rechazados.
“Tengo mucha confianza que el TC desestimará las presentaciones de EMDEPES y cualquier otra reclamación de inconstitucionalidad que surja desde la Industria por la Ley de Fraccionamiento”, señaló en conversación exclusiva con PescaHoy.
Para el exsubsecretario, la controversia exige distinguir dos componentes del régimen pesquero que cumplen funciones diferentes: las licencias industriales y las normas que determinan la proporción de la cuota global asignada a cada sector.
“Las Licencias Transables de Pesca y el Fraccionamiento Pesquero son cosas distintas. Pretender que porque se tiene una LTP, todo el resto del ordenamiento pesquero debe permanecer estático, es un despropósito”, afirmó.
La diferencia jurídica entre las licencias y el fraccionamiento
La Ley N.º 21.752, publicada el 25 de junio de 2025 y vigente desde 2026, modificó la distribución de cuotas globales de captura entre los sectores artesanal e industrial en distintas pesquerías.
El cuestionamiento de Emdepes se concentra en los efectos de esa modificación sobre sus Licencias Transables de Pesca, constituidas bajo el régimen establecido por la Ley N.º 20.657.
La empresa sostiene que, aunque los coeficientes individuales de las licencias permanezcan intactos, la reducción de la fracción industrial disminuye la base sobre la cual se aplican estos porcentajes y, por consiguiente, el volumen de captura resultante.
Salas, en cambio, considera fundamental distinguir entre el derecho individual asociado a una licencia y las normas generales que regulan la actividad pesquera.
Desde esa perspectiva, la existencia de una LTP no implicaría que el legislador quede impedido de modificar el fraccionamiento, aun cuando esos cambios puedan tener consecuencias económicas para sus titulares.
El punto jurídico sometido a controversia consiste en determinar si la modificación de la distribución general constituye una regulación constitucionalmente admisible o si, por sus efectos concretos, afecta derechos patrimoniales protegidos.
“No existe un derecho de propiedad sobre la ley”
Uno de los principales argumentos del ex subsecretario se relaciona con la jurisprudencia constitucional sobre los derechos adquiridos y la posibilidad de modificar las normas que regulan una actividad económica.
“El TC ya ha señalado en múltiples oportunidades que no existe un derecho de propiedad sobre la ley, y que las personas no tienen derechos adquiridos sobre las regulaciones vigentes para que se mantengan inmutables en el tiempo”, sostuvo Salas.
Su planteamiento apunta a que los derechos patrimoniales asociados a una licencia no necesariamente comprenden la facultad de exigir que todas las condiciones regulatorias existentes al momento de su constitución permanezcan sin modificaciones.
Esta distinción adquiere relevancia frente al argumento de Emdepes, que sostiene que la nueva distribución reduce el contenido económico de sus licencias mientras mantiene las obligaciones tributarias y regulatorias establecidas bajo el régimen anterior.
La controversia, por tanto, no consiste únicamente en establecer si el fraccionamiento puede modificarse. También exige determinar hasta qué punto las consecuencias de esa modificación sobre una licencia individual quedan comprendidas dentro de la potestad regulatoria del Estado.
Salas respalda los argumentos presentados por el CDE
El exsubsecretario también destacó las intervenciones de los abogados que solicitaron el rechazo de los requerimientos de Emdepes durante la audiencia del Tribunal Constitucional.
Entre ellos mencionó a Raúl Letelier Wartenberg, abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE); Gonzalo García, representante de Aquality; y Vicente Andrade, abogado de Conapach.
“Tuve la oportunidad de escuchar los alegatos de hoy, y no me cabe duda que los fundamentos para rechazar los recursos fueron expuestos con mucha claridad, no solo por la contundente exposición de Raúl Letelier en representación del Consejo de Defensa del Estado, también por los colegas García y Andrade que han alegado en por terceros interesados”, sostuvo.
Durante la audiencia, el CDE argumentó que el Estado no ha garantizado a las empresas industriales un volumen específico de captura ni la permanencia indefinida de las reglas de fraccionamiento.
El organismo defendió que las licencias aseguran coeficientes individuales de distribución dentro del sector industrial, los cuales no fueron modificados por la Ley N.º 21.752.
“Todo esto da cuenta que el Poder Legislativo ejerció correctamente sus competencias regulatorias y no infringió la Constitución con ellas”, afirmó Letelier durante los alegatos.
La coincidencia entre ambas posiciones se encuentra en la distinción entre la conservación de los derechos individuales de las licencias y la posibilidad de modificar las normas generales que determinan la distribución de recursos.
La potestad legislativa para modificar la distribución de cuotas
Otro aspecto abordado por Julio Salas fue la naturaleza regulatoria del fraccionamiento pesquero.
A su juicio, la distribución de las cuotas globales entre los sectores artesanal e industrial constituye una materia que puede ser revisada mediante modificaciones legislativas, sin que necesariamente exista una vulneración de los derechos asociados a las licencias.
“Por eso nosotros avanzamos en la Ley de Fraccionamiento. Entendiendo que la distribución entre el sector artesanal e industrial es un tema que siempre será de debate legislativo, ya que depende del enfoque que cada administración tenga sobre la justa distribución de bienes públicos”, explicó.
Desde el punto de vista institucional, esta interpretación distingue entre la facultad del Congreso para establecer reglas generales y el control constitucional de los efectos que esas reglas pueden producir en casos particulares.
El exsubsecretario considera que la discusión sobre la distribución de los recursos debe resolverse, como regla general, en el ámbito legislativo.
“En democracia, el Congreso es el espacio donde se resuelven los grandes debates sobre equidad. Querer trasladar ese discusión al TC, disfrazándola de inconstitucionalidad, resulta a toda vista improcedente”, sostuvo.
Su cuestionamiento se dirige a los fundamentos de los requerimientos de Emdepes, cuya procedencia y efectos deberán ser determinados por el Tribunal Constitucional.


