La Comisión de Pesca del Senado profundizó el debate sobre el proyecto que busca permitir nuevamente la captura industrial de jibia para determinados armadores. Mientras PacificBlu vinculó la prohibición vigente desde 2019 con la pérdida de actividad y empleo en el Biobío, representantes artesanales defendieron la potera y advirtieron que una mayor extracción industrial podría afectar la disponibilidad del recurso en otras regiones. La Comisión pidió más antecedentes antes de entrar a la discusión particular.
La discusión sobre el futuro de la pesquería de la jibia volvió a enfrentar este miércoles 2 de septiembre dos modelos distintos para organizar la explotación del recurso. La controversia se produjo durante una nueva jornada de audiencias por el Boletín N°18.173, proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para exceptuar a determinados armadores de la prohibición establecida para las artes y aparejos utilizados en la captura de jibia.
La sesión, presidida por el senador Carlos Kuschel (RN), recibió a la bióloga marina Tifany Cataldo, al gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, y a Gastón Ahumada, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Higuerillas, Concón.
Las exposiciones profundizaron una diferencia que ya atraviesa la tramitación: si la caída de los desembarques en el Biobío puede vincularse directamente con la prohibición del arrastre que comenzó a regir en 2019 o si responde, al menos en una parte relevante, a los desplazamientos naturales de una especie altamente migratoria.
La discusión científica sobre la caída de los desembarques
La bióloga Tifany Cataldo cuestionó que exista evidencia suficiente para establecer una relación causal directa entre la Ley N°21.134 y la disminución de las capturas en el Biobío.
La bióloga explicó que la jibia tiene un ciclo de vida inferior a dos años, rápido crecimiento y una alta sensibilidad a factores ambientales como la temperatura y la disponibilidad de alimento. A partir de antecedentes de IFOP, sostuvo que una menor presencia del recurso en los caladeros del Biobío no necesariamente representa una reducción del stock total.
Uno de sus argumentos apuntó a las fechas. La denominada Ley de la Jibia comenzó a aplicarse en agosto de 2019, por lo que parte importante de la caída de los desembarques registrada ese año ocurrió antes de la modificación del arte de pesca.
También señaló que durante los años posteriores la pesca artesanal recuperó desembarques y que la disminución observada en 2025 coincide con un nuevo episodio ambiental y una mayor disponibilidad de jibia en Valparaíso, Coquimbo y sectores más al norte.
En materia laboral, Cataldo reconoció antecedentes que hablan de unos 1.700 empleos directos afectados, pero puso en duda la cifra de 6.000 empleos indirectos debido a la falta de estadísticas específicas para la cadena de la jibia.
Otro de los datos que introdujo al debate fue que, a agosto de 2026, el sector artesanal ya habría capturado cerca del 68% de la cuota nacional, antecedente que utilizó para sostener que existe capacidad extractiva sin necesidad de restablecer el arrastre industrial.
PacificBlu apunta al empleo y al poder comprador en Biobío
El gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, sostuvo que “La planta de jibia de PacificBlu operaba antes de 2019 con tres turnos de aproximadamente 100 personas y exportaciones cercanas a US$25 millones anuales, y que permanece cerrada desde la prohibición. Defendió que el modelo previo articulaba a barcos industriales, pesca artesanal y plantas de proceso, y señaló que entre 2016 y 2018 la empresa compraba en promedio más de 5.000 toneladas anuales de jibia al sector artesanal”.
Su tesis es que el cierre de plantas redujo el poder comprador disponible en el Biobío y, con ello, también disminuyeron los incentivos para el esfuerzo pesquero artesanal.
Según puntualizó la pesca artesanal de la jibia está fuertemente condicionada por las condiciones meteorológicas y puede operar, en promedio, cinco días al mes, por lo que contar con abastecimiento complementario permitía mantener activas las líneas de proceso y, con ello, una mayor capacidad permanente de compra para los propios pescadores artesanales. A partir de estos antecedentes, Moenne planteó que “recuperar esta actividad permitiría reconstruir un modelo ccc productivo complementario, aumentando la capacidad regional de compra y procesamiento de jibia artesanal y contribuyendo a generar nuevos puestos de trabajo en el Biobío” como consigna el medio Mundo Acuícola.
La empresa defendió además el arrastre de media agua desde el punto de vista ambiental. Moenne citó registros de observadores de IFOP para sostener que el sistema utilizado en esta pesquería alcanzaba niveles de selectividad superiores al 99%. Añadió que la eventual reapertura de la captura industrial no supone aumentar la cuota global, debido a que la fracción industrial continuaría sometida a los límites definidos bajo criterios biológicos.
También incorporó a la discusión un factor internacional. El ejecutivo planteó que si en el futuro la OROP-PS establece una cuota global de jibia y utiliza las capturas históricas como antecedente para distribuir derechos entre países, Chile podría debilitar su posición si deja parte de su cuota sin capturar.
El argumento generó reparos del senador Daniel Núñez (PC), quien pidió escuchar a representantes artesanales que participan en esa organización internacional antes de asumir esa interpretación como definitiva.
Artesanales advierten efectos más allá del Biobío
La dimensión territorial del conflicto quedó expuesta durante la presentación de Gastón Ahumada, representante de los pescadores de Caleta Higuerillas, en Concón.
Ahumada pidió mantener la Ley N°21.134 sin modificaciones y rechazó que se permita nuevamente el arrastre de media agua o el cerco para capturar jibia.
Según señaló, el recurso representa aproximadamente el 70% del sustento mensual de las familias de su caleta. Su preocupación es que, debido a la movilidad de la especie, una mayor extracción industrial en el sur pueda terminar reduciendo posteriormente su disponibilidad para los pescadores de Valparaíso.
El dirigente defendió la potera como un arte selectivo y de bajo impacto y puso en duda que una autorización diseñada para el Biobío pueda permanecer efectivamente circunscrita a esa región.
Ese punto también apareció entre los parlamentarios. El senador Miguel Ángel Calisto (IND) advirtió que la discusión no puede analizarse exclusivamente desde la situación económica del Biobío porque la jibia se desplaza entre regiones, lo que podría tensionar el principio de regionalización aplicado a los recursos pesqueros.
La disputa por el modelo productivo
El debate también comenzó a adquirir una dimensión económica más amplia.
Daniel Núñez defendió el sistema vigente, señalando que la prohibición del arrastre no eliminó a la industria de la cadena productiva, sino que modificó su función: los pescadores artesanales capturan la jibia y las plantas industriales y pymes pueden comprarla, procesarla y exportarla.
Desde esa perspectiva, cuestionó por qué PacificBlu no podría operar bajo el mismo modelo y advirtió que permitir nuevamente la captura industrial entregaría una ventaja de integración vertical a empresas que poseen simultáneamente barcos y plantas frente a compañías que solo participan del procesamiento.
El senador Fidel Espinoza (PS), autor de la iniciativa, defendió el proyecto desde una perspectiva distinta. Rechazó que se trate de una legislación diseñada para beneficiar a una empresa y vinculó la propuesta con la situación económica del Biobío, una región afectada por cierres industriales y con un desempleo superior al 10%.
A su juicio, recuperar la actividad asociada a la jibia tendría efectos sobre plantas, tripulaciones, actividad portuaria, transporte, logística y exportaciones.
El senador Miguel Becker (RN) también respaldó el carácter territorialmente acotado de la excepción y sostuvo que una nave que opere fuera del área autorizada incurriría en una infracción. Al mismo tiempo, pidió contrastar científicamente las críticas sobre la eventual captura de otras especies mediante el arrastre de media agua.
Las intervenciones de Iván Flores (DC) y Calisto mostraron una posición más cautelosa frente a la decisión. Flores sostuvo que una iniciativa inicialmente presentada como acotada ha demostrado requerir una revisión más profunda y planteó que la sustentabilidad debe constituir el primer criterio para resolver el debate, seguida por el empleo y los efectos sobre los precios.
También pidió conocer la posición formal del Ejecutivo, antecedentes sobre la dinámica migratoria de la jibia y datos respecto de las tallas capturadas por Perú y China.
La Comisión todavía tiene una extensa lista de organizaciones y especialistas interesados en participar. Entre ellos aparecen el Comité de Manejo de la Jibia, la Coordinadora Nacional de la Jibia, Alianza Pesca Maule, representantes del Biobío y organizaciones artesanales de distintas regiones.
Sin embargo, entre los senadores comenzó a surgir preocupación por la extensión de esta etapa. Flores y Calisto plantearon concentrar las exposiciones pendientes para evitar que las audiencias prolonguen indefinidamente la tramitación.
El presidente de la Comisión, Carlos Kuschel, recogió esa inquietud y planteó la posibilidad de realizar una sesión adicional o ampliada para escuchar a los actores pendientes y cerrar esta fase con mayor rapidez.
Antes de entrar a la discusión particular todavía quedan dos decisiones relevantes: fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones y obtener una posición formal del Ejecutivo.
