El balance de cuatro años muestra logros en el fraccionamiento pesquero, derechos laborales e igualdad de género en caletas, pero también un proyecto clave archivado y brechas persistentes en cambio climático y sustentabilidad
Con un nuevo ciclo político recién inaugurado, el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) publicó su Reporte Legislativo N°5, un análisis sistemático de los cuatro años de actividad parlamentaria vinculada a la pesca artesanal, la acuicultura y el desarrollo costero durante el gobierno de Gabriel Boric. El balance es mixto: hay avances reales en regulación e institucionalidad, pero también proyectos que no llegaron a puerto y áreas donde la promesa programática se quedó muy por debajo del trabajo normativo efectivo.
Una agenda impulsada más desde el Congreso que desde La Moneda
Uno de los datos más reveladores del reporte tiene que ver con el origen de los proyectos. De los 69 que ingresaron al Congreso entre 2022 y 2026 en materias relevantes para el sector, 55 fueron mociones parlamentarias y solo 14 mensajes del Ejecutivo. Es decir, buena parte de la agenda la empujaron los propios parlamentarios.
Durante el último año legislativo, que cerró el 10 de marzo de 2026, ingresaron 17 proyectos, se votaron 13 y se promulgaron 5 leyes.
El fraccionamiento pesquero: una negociación dura con resultado concreto
La ley más relevante del período fue sin duda la N°21.752, que fijó un nuevo fraccionamiento entre la pesca artesanal e industrial. Pero su tramitación no fue sencilla: el proyecto pasó por Comisión Mixta porque las dos cámaras no lograron ponerse de acuerdo, y en el Senado fue rechazado en votación particular antes de ser finalmente aprobado.
Entre los temas más debatidos estuvieron la sobreexplotación de recursos, la precarización laboral del sector y los derechos adquiridos de la industria. El resultado final estableció para la merluza común un fraccionamiento de 45% para el sector artesanal y 55% para el industrial, una cifra que refleja el pulso de poder entre ambos sectores durante la negociación.
Buzos: detrás de la ley, una realidad laboral crítica
El informe también analiza otra de las leyes promulgadas que crea el contrato de buzo profesional y actividades conexas. Lo que la norma busca corregir tiene cifras concretas detrás: en 2023 la Dirección del Trabajo registró 515 denuncias laborales en el rubro, con 412 sanciones, y la Directemar reportó 39 accidentes por descompresión inadecuada. El buceo es además una actividad estratégica para la economía nacional, ya que es central para la salmonicultura, industria que ese mismo año representó el 2,15% del PIB. La nueva ley obliga a los empleadores a llevar registros electrónicos de inmersiones, equipos y tiempos de descanso, y extiende la supervisión incluso a subcontrataciones.
El fracaso silencioso: humedales rurales archivados
No todo fue avance. Uno de los proyectos votados durante el período, que buscaba proteger los humedales rurales, fue rechazado en votación particular y quedó archivado. El debate en comisión reveló tensiones no resueltas entre la visión intersectorial y la sectorial, el impacto en la agricultura y los problemas de gobernanza rural. Para SECOS este fracaso contrasta con los compromisos del programa de gobierno de Boric en materia de protección de biodiversidad y ecosistemas.
Lo que se prometió y no se tradujo en ley
El análisis identifica 43 compromisos sectoriales declarados por la administración saliente, de los cuales solo 19 fueron abordados mediante proyectos de ley. Las brechas más notorias se dan en cambio climático, desarrollo socioeconómico, infraestructura e investigación científica, áreas donde apenas un compromiso fue abordado legislativamente en cada caso.
Para Francisca Reyes, investigadora principal de SECOS y editora del reporte, el ejercicio permite ver con claridad dónde existieron avances reales, como institucionalidad y género, y dónde persisten brechas entre compromisos declarados y desarrollo normativo, como sustentabilidad y cambio climático.
La agenda abierta para Kast
El cambio de administración deja sobre la mesa debates legislativos sin cerrar. Entre los más relevantes está la tramitación de la nueva Ley General de Pesca, el proyecto de desalinización de agua de mar, que al cierre del reporte aún esperaba votación en el Senado, y las reformas a la Ley ECMPO, que regula los espacios costeros de pueblos originarios y cuya discusión convocó a 15 organizaciones de sociedad civil y 10 sindicatos en comisión, reflejando la alta sensibilidad política del tema.
Al mismo tiempo, Kast deberá implementar las reformas ya aprobadas: la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el nuevo sistema de fraccionamiento pesquero y la entrada en vigencia del contrato de buzo profesional.
El diagnóstico de SECOS es claro: el desafío del sector ya no pasa solo por legislar, sino por implementar, en un sector donde la legitimidad del sistema sigue siendo motivo de disputa.
El Reporte Legislativo N°5 está disponible en www.socioecologiacostera.cl
