Landes, Foodcorp y Pescadores Industriales del Biobío entregaron su visión a Pesca Hoy sobre la patente especial incluida en la Ley de Fraccionamiento, que grava con hasta US$95 por tonelada las cuotas internacionales de jurel capturadas por el sector industrial. A las críticas empresariales se suma una acción de senadores de oposición ante el Tribunal Constitucional, que acusa vicios de legalidad en la tramitación del artículo.
Talcahuano, 25 de junio de 2025 – La nueva patente especial al jurel incorporada en la Ley de Fraccionamiento Pesquero sigue generando controversia. En conversación con Pesca Hoy, los representantes de Landes, Foodcorp y del gremio Pescadores Industriales del Biobío coincidieron en calificar la medida como un gravamen discriminatorio, que compromete la viabilidad de operaciones industriales clave en comunas como Talcahuano y Coronel.
Desde Foodcorp, su gerente general Andrés Daroch explicó que este nuevo arancel —equivalente a US$95 por tonelada— afectará cerca del 50% de las capturas de la empresa, ralentizando sus planes de crecimiento. “Esta medida disminuye la duración de la temporada en un mes y medio y recortaría al menos 45 días de empleo temporal para cientos de trabajadores”, señaló.
Por su parte, el gerente general de Landes, Andrés Fosk Belan, advirtió que el sobrecosto generado por la patente compromete la competitividad de las empresas regionales frente a actores internacionales. “Este impuesto resulta técnicamente injustificado. El crecimiento natural de la cuota ya permitía aumentar la recaudación fiscal sin necesidad de nuevos cargos. En empresas como la nuestra, el jurel adquirido internacionalmente representa hasta el 50% del volumen procesado”, afirmó.
La presidenta del gremio Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, recordó que la industria ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas del país. “Ahora se ha agregado un nuevo impuesto a esta actividad productiva que golpeará con especial dureza a la Región del Biobío, que ya enfrenta graves problemas de estancamiento económico y desindustrialización”, sostuvo.
Las tres voces coincidieron en que la patente se aplicó sin evaluación técnica ni jurídica suficiente y sin considerar contratos vigentes con otros países. “Hay compromisos internacionales firmados antes de la ley que están en riesgo. Las empresas están en su derecho de recurrir a la justicia y así lo están haciendo”, dijo Cepeda, quien respaldó las acciones legales ya iniciadas por algunas firmas.
Recurso ante el Tribunal Constitucional: oposición cuestiona legalidad del nuevo gravamen
El 19 de junio, un grupo de senadores de oposición ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional solicitando revisar la legalidad del artículo que crea la patente especial al jurel. El recurso argumenta que esta norma constituye un impuesto encubierto, introducido sin cumplir los requisitos constitucionales exigidos para materias tributarias.
Según el texto presentado, el artículo impugnado fue incorporado sin iniciativa presidencial ni el patrocinio del ministro de Hacienda, lo que vulneraría el principio de legalidad tributaria consagrado en la Constitución. Además, se alega una afectación al principio de igualdad ante la ley, al establecer un cobro que solo se aplica a un subconjunto específico de empresas industriales que operan en la Zona Económica Exclusiva.
La acción judicial se suma a las críticas transversales que marcaron la etapa final de tramitación de la Ley de Fraccionamiento, y podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre su implementación.
