Los pescadores industriales del Biobío están enfrentando la nueva Ley de Fraccionamiento, y aunque reconocen la necesidad de institucionalidad, no dudan en respaldar acciones legales de las empresas, a las que consideran víctimas de una “expropiación encubierta” de sus cuotas.
Con un tono crítico pero manteniendo la puerta abierta al diálogo, los Pescadores Industriales del Biobío respondieron este miércoles a la promulgación de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, que cambia las reglas del juego en cuanto a la distribución de cuotas entre el sector industrial y el artesanal. La presidenta del gremio, Macarena Cepeda, admitió que esta nueva normativa tendrá un impacto económico significativo en la región, pero se comprometió a que el sector se adaptará para salvaguardar el empleo y la producción de alimentos.
“Aunque esta ley nos causa un gran daño, nos centraremos en ajustarnos a este nuevo marco institucional para proteger el empleo local, la producción de alimentos y la conservación de los recursos que utilizamos”, afirmó la dirigenta.
De acuerdo con datos proporcionados por el propio gremio, la nueva ley implica un traspaso de alrededor de 200 mil toneladas de jurel al sector artesanal, lo que se traduce en un impacto económico estimado en US$160 millones a nivel nacional. Cepeda expresó que, a pesar de este drástico reordenamiento, “esperamos que se acabe de una vez por todas esta animosidad hacia la pesca industrial que proviene de ciertos sectores políticos”.
Desde el ámbito industrial, consideran que esta medida no solo perjudica sus operaciones, sino que también representa una intervención legal injustificada. “Apoyamos a las empresas pesqueras que han decidido recurrir o que recurrirán a tribunales nacionales e internacionales para defender lo que consideran un daño patrimonial severo, resultado de una expropiación encubierta de asignaciones que estaban plenamente vigentes”, señala el comunicado.
La ley que redistribuye el mar
Esta semana se publicó en el Diario Oficial la Ley de Fraccionamiento Pesquero, que introduce una nueva forma de repartir las cuotas globales de captura entre la pesca artesanal e industrial. Esta ley trae consigo aumentos significativos para el sector artesanal en recursos como la merluza común (70%-30% a favor del sector artesanal), jurel (hasta 35%-65% en varias regiones) y jibia (90%-10%).
Uno de los cambios más destacados ocurre en el Biobío, donde la pesca industrial ha tenido una fuerte presencia a lo largo del tiempo. En esta región, la cuota industrial de jurel se reducirá del 85% a un rango de 65% a 75%, dependiendo de cómo se cumplan los desembarques efectivos.
La normativa también incluye mecanismos graduales, reglas que incentivan el cumplimiento y sanciones específicas para prácticas como el obstaculizar la fiscalización o la pesca depredadora.
Condiciones a la plataforma social
En relación al anuncio presidencial sobre una plataforma social destinada a los trabajadores de la pesca artesanal, Cepeda subrayó la importancia de fortalecer este sector: “Desde hace tiempo hemos señalado que los trabajadores de la pesca de pequeña escala enfrentan una situación de desamparo social muy grave, ya que no están regulados por el Código del Trabajo y carecen de previsión y protección de salud”.
La dirigenta destacó que el traspaso de cuotas debería resultar en mejoras tangibles: “Ese millonario traspaso debería significar una nueva realidad laboral y de protección social para esos trabajadores”, concluyó.
Una implementación en la que quieren participar
Por último, desde el gremio afirmaron que estarán dispuestos a colaborar en la fase de implementación de la ley, que incluye la creación de reglamentos y la participación de los diferentes actores del sector pesquero. “Nuestro sector se compromete a trabajar activamente para proporcionar a Chile estabilidad económica y reglas claras, pero también para asegurar que nunca más se interrumpan leyes vigentes por razones meramente ideológicas”, indicaron.
La nueva ley entrará en vigencia cuando se fijen las próximas cuotas globales de captura, en un plazo no inferior a tres meses desde su publicación. Mientras tanto, el debate sobre sus implicancias económicas, legales y sociales apenas comienza.
