La decisión será consultada al Consejo Nacional de Pesca, cuyos miembros serán renovados prontamente por el propio Presidente José Antonio Kast. La nueva Ley de Pesca planteaba una serie de cambios a al sistema de acceso de cuotas y los derechos históricos que tiene la industria pesquera, buscando terminar con la denominada “Ley Longueira”
A través de un documento emitido por la Subsecretaría de Pesca al que accedió PescaHoy, el gobierno de José Antonio Kast señaló estar evaluando retirar el proyecto de Nueva Ley de Pesca ingresado por el gobierno de Gabriel Boric, cuyo trámite debía seguir en discusión en el actual período.
El documento, titulado “Retiro del Proyecto de Ley General de Pesca”, plantea que la medida busca “someterlo a un proceso de estudio y perfeccionamiento, y no en desecharlo en su totalidad”, abriendo la puerta a una reformulación completa.
La señal no es menor. La Nueva Ley de Pesca fue uno de los compromisos estructurales del gobierno anterior, pero su tramitación quedó inconclusa en la Comisión de Pesca de la Cámara, sin lograr acuerdos en los puntos más sensibles del sistema.
Las razones para el retiro
El documento de la Subsecretaría de Pesca identifica un conjunto de materias críticas que, a juicio del Ejecutivo, requieren un análisis más profundo antes de continuar la tramitación. Entre ellas, destacan especialmente los cambios propuestos en el sistema de asignación de cuotas y el rol de las licitaciones y subastas en la pesca industrial.
Uno de los puntos centrales es la modificación estructural del régimen de acceso en la fracción industrial. El proyecto planteaba dividir la cuota en partes iguales entre licencias históricas y licencias asignadas vía subasta, reduciendo de manera significativa la participación de los actuales actores industriales. Según el análisis interno, este cambio, junto con su régimen transitorio, podría generar efectos relevantes en la estructura del sector, lo que justifica revisar en profundidad sus impactos económicos y productivos .
A ello se suma la incorporación de mecanismos de licitación y subastas para una parte relevante de la cuota, lo que introduce un cambio estructural cuyos efectos en el acceso, la competencia y los incentivos del sistema no están completamente desarrollados. El diseño de estas subastas, además, deja aspectos clave sujetos a reglamentación futura, como criterios de adjudicación, sanciones y límites de concentración, lo que refuerza el diagnóstico de incertidumbre regulatoria.
El documento también advierte sobre modificaciones en las deducciones de la cuota global de captura y nuevas formas de asignación, incluyendo licitaciones y asignaciones dirigidas al sector artesanal, cuyos efectos sobre el fraccionamiento vigente y el equilibrio entre sectores no han sido suficientemente analizados .
Otro elemento relevante es la creación de un Fondo de la Pesca Artesanal financiado con recursos provenientes de las subastas. Si bien el instrumento apunta a fortalecer la protección social del sector, su diseño institucional y su forma de implementación aún presentan vacíos que, según la Subpesca, requieren revisión antes de avanzar legislativamente .
En conjunto, el diagnóstico del Ejecutivo apunta a que el proyecto combina cambios profundos en el sistema de cuotas, apertura a mecanismos de mercado y nuevas herramientas de redistribución, sin contar todavía con una base técnica y política suficientemente consolidada.
La decisión al Consejo Nacional de Pesca
La eventual decisión de retirar el proyecto será sometida a la opinión del Consejo Nacional de Pesca (CNP), un órgano asesor de la autoridad pesquera que reúne a representantes del sector industrial, la pesca artesanal, el mundo científico y el Estado.
Entre sus funciones está pronunciarse sobre materias clave como cuotas globales de captura, medidas de administración y lineamientos de política pesquera, cumpliendo un rol consultivo en decisiones estratégicas del sector.
Sin embargo, su composición actual enfrenta un proceso de recambio inminente. Varios de sus integrantes están próximos a terminar sus períodos, particularmente representantes del sector empresarial, y será el Presidente José Antonio Kast quien deberá definir nuevos nombramientos en los próximos meses.
Congelar una discusión rodeada de intereses
Más allá de los argumentos técnicos, la decisión parece ser también política. El retiro del proyecto permite al Ejecutivo evitar una discusión legislativa altamente tensionada, en un contexto donde las licitaciones y subastas se habían transformado en el principal foco de conflicto con la industria pesquera, puesto afectan el cómo hoy de distribuyen los recursos pesqueros, desconcentrando el mercado.
Al mismo tiempo, el movimiento le permite al gobierno recuperar el control de la agenda regulatoria. Mientras el proyecto seguía en trámite, existía el riesgo de que continuara avanzando en el Congreso sin conducción clara del Ejecutivo.
En esa lógica, la estrategia apunta a reemplazar una reforma integral por proyectos específicos, priorizando aquellas materias donde exista mayor nivel de acuerdo político y técnico, como la acuicultura o aspectos operativos de la institucionalidad.
Mientras que el actual gobierno debe aplicar el reglamento para la aprobada Ley de Fraccionamiento, este congelamiento le entrega aire y elimina un posible flanco de conflictos, postergando la discusión estructural sobre el sistema de acceso, las licitaciones y el modelo de asignación de cuotas, que queda ahora sujeto al nuevo ciclo político.
