Este miércoles 4 de junio a las 15:00 horas, la Comisión Mixta retomará la discusión del proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero, en medio de presiones crecientes por parte de la industria, dudas sobre el financiamiento de la plataforma social comprometida y cuestionamientos al rol del Ejecutivo tras su silencio en la última Cuenta Pública.
El Ejecutivo deberá abordar dos temas centrales: por un lado, la confirmación de los artículos aprobados y rechazados (incluyendo el fraccionamiento de la merluza y la caída de las licitaciones del jurel), y por otro, la presentación de una propuesta concreta de financiamiento que reemplace los más de US$ 200 millones que el Estado dejará de percibir en cuatro años tras el rechazo a las subastas.
La reaparición de una propuesta rechazada
Aunque aún no ha sido presentada como indicación formal, diversas fuentes legislativas confirman que una de las ideas que podría reflotar en la sesión es la propuesta del diputado Leonidas Romero (PNL), que busca gravar con una patente las cuotas de jurel que empresas chilenas compran a otros países miembros de la OROP-PS.
La propuesta ya había sido planteada durante la tramitación del proyecto y fue rechazada por no garantizar estabilidad fiscal y por su impacto negativo en las pequeñas empresas. Sin embargo, este sábado volvió a instalarse públicamente, luego de que el diario El Mercurio la destacara como alternativa en evaluación por parte del Ejecutivo, acompañada de advertencias desde el gremio pesquero industrial.
Críticas desde la industria… y desde las pymes
Según la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, las fórmulas de financiamiento que ha evaluado el Gobierno —como gravar las transferencias internacionales de jurel— podrían generar un perjuicio concentrado en la Región del Biobío, “la capital pesquera industrial del país”. “El Gobierno ha ideado distintas fórmulas para compensar el menor ingreso fiscal, pero siempre pensando en gravar a la pesca industrial. Eso nos parece incomprensible”, declaró al diario El Mercurio.
Según Pescadores Industriales del Biobío, en 2024 se transfirieron a Chile 249.000 toneladas desde los países miembros de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS). El gremio añadió que si bien esto no paga impuestos, es una cuota cuyo valor de mercado es más alto que las licencias transables de pesca tipo A.
El problema, según critican distintos actores del sector, es que la propuesta de Romero impactaría principalmente a las empresas más pequeñas y las PYMES, que no tienen cuotas asignadas por la ley de 2012 y deben recurrir al mercado internacional. Estas ya pagan cerca de US$ 320 por tonelada por adquirir cuota en el exterior, y con la nueva patente sumarían otros US$ 80, alcanzando un costo total de US$ 400 por tonelada. Las grandes pesqueras, en cambio, seguirán pagando sólo $80 por tonelada por las licencias históricas que conservan.
Esto genera una estructura de costos hasta cinco veces mayor para las empresas más pequeñas, lo que podría profundizar la concentración del mercado, dificultando el ingreso de nuevos actores.
En resumen
- Este miércoles sesiona la Comisión Mixta que discute la Ley de Fraccionamiento.
- El Ejecutivo aún no presenta una propuesta clara de financiamiento.
- La patente al jurel comprada en el extranjero, impulsada por Romero, resurge como posible reemplazo a las licitaciones rechazadas.
- La propuesta ya fue descartada antes por sus efectos regresivos y por no garantizar estabilidad fiscal.
- La tensión crece en la antesala de una sesión que será clave para el futuro del proyecto y la legitimidad del proceso legislativo.
