El caso del falso jurel sumó un nuevo capítulo luego de que una de las marcas denunciadas por comercializar presuntamente caballa en lugar de jurel asegurara que también fue víctima de una falla en la cadena de abastecimiento internacional.
Según consignó Meganoticias, la empresa Soprodi, dueña de la marca De Reyes, rechazó las acusaciones de engaño al consumidor y atribuyó la situación a un problema puntual originado en China.
Por qué importa
La controversia por el falso jurel ha generado preocupación en el mercado de alimentos del mar, luego de que varias marcas quedaran bajo investigación por presuntamente vender un producto distinto al informado en su etiquetado.
El caso también abrió una nueva tensión con la Pesca industrial, luego de que el gremio del Biobío impulsara la denuncia que dio origen al sumario sanitario.
En qué consiste
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por pescadores industriales del Biobío ante la Seremi de Salud Metropolitana, luego de un análisis genético efectuado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile.
De acuerdo con la acusación, cinco marcas habrían comercializado caballa importada desde China bajo el etiquetado de jurel enlatado.
Frente a ello, Soprodi aseguró mediante un comunicado que adquirió la mercancía confiando en documentación oficial emitida por autoridades y exportadores chinos, quienes certificaron que el producto correspondía a jurel.
La empresa indicó que de los 15 contenedores adquiridos, solo dos presentaron presencia de caballa, por lo que atribuyeron el hecho a una falla puntual en procesos de pesca, elaboración, envasado o exportación.
Asimismo, descartaron cualquier intención de engañar al consumidor y acusaron que la denuncia responde a prácticas de competencia desleal orientadas a restringir el mercado.
Qué viene ahora
Mientras continúan los descargos de las empresas involucradas, el sumario sanitario por falso jurel sigue en desarrollo ante la autoridad sanitaria metropolitana.
La investigación deberá determinar si existió responsabilidad de las marcas en la comercialización del producto cuestionado o si efectivamente se trató de un error en la cadena de suministro internacional.
El resultado del proceso podría derivar en sanciones regulatorias y abrir un debate mayor sobre fiscalización en productos importados comercializados en el país.
