El informe encargado por el gremio Pescadores Industriales del Biobío sostiene que dado el aumento de cuota global la recaudación fiscal no solo no se vería impactada, sino que incluso podría aumentar
Santiago, Chile – Un estudio encargado por los Pescadores Industriales del Biobío a la consultora Econsult ha abierto una inesperada interpretación política en el marco de la Ley de Fraccionamiento pesquero. El informe, que será parte de la discusión de este martes en la Comisión de Hacienda del Senado, concluye que incluso con una disminución de la cuota asignada al sector industrial, la recaudación fiscal crecería gracias al aumento en la biomasa del jurel. El hallazgo marca un giro en la estrategia de la industria pesquera, que ahora estaría enfocada en evitar que el aumento del 25% en la cuota global conseguido por Chile sea licitado por el Estado.
Según el análisis de Econsult, liderado por el economista Andrés Osorio, el Estado podría recaudar hasta US$125 millones en 2027, un 31% más que en 2024, incluso si disminuye la fracción industrial. Esto se debería al crecimiento proyectado de la pesquería de jurel, lo que garantizaría ingresos estables sin necesidad de recurrir a licitaciones.
El informe fue encargado por el gremio industrial con el objetivo declarado de analizar los impactos económicos del nuevo fraccionamiento. Sin embargo, el resultado ha sido interpretado como una señal política que valida técnicamente la Ley de Fraccionamiento impulsada por el Ejecutivo y ampliamente respaldada por el sector artesanal.
Reacción de las pymes pesqueras
Para Cristian Sánchez, dirigente de AGRIPPES, asociación que agrupa a pequeñas y medianas plantas pesqueras, analizó que: «Detrás de este informe solo hay las ganas de continuidad, lo que impide el desarrollo de la industria de menor tamaño y de la pesca artesanal para consumo humano».
Sánchez advirtió que el verdadero objetivo ahora sería impedir que el aumento del 25% en la cuota global de jurel –obtenido por Chile en la última reunión de la SPRFMO– sea licitado. «Nosotros vemos que la licitación permitirá que entren nuevos actores y se rompa la concentración. Hoy con ese 25% extra la industria ya tiene saturado el mercado. No han sido capaces de diversificar, a diferencia de las PYMES, que le dan valor agregado al recurso y lo destinan a consumo humano», señaló.
Actualmente, la licitación de cuotas –específicamente las Licencias Transables de Pesca clase B (LTP-B)– representa solo el 15% de las cuotas asignadas. El resto, un 85%, corresponde a cuotas clase A entregadas directamente al sector industrial. El Ejecutivo ha propuesto que parte del aumento de la cuota global se subaste, una medida que ha sido resistida por la industria, pero que encuentra sustento técnico en el mismo informe que ellos patrocinaron.
La Comisión de Hacienda del Senado revisará este martes los impactos económicos del proyecto de fraccionamiento, con especial atención al tema de la recaudación fiscal. Aunque la industria ha advertido sobre una posible caída de ingresos si se reduce su participación, el informe de Econsult plantea lo contrario.
Esta paradoja –en la que la propia industria valida una ley que busca disminuir su cuota– ha generado suspicacias en el mundo artesanal. Según dirigentes consultados por PescaHoy.cl, la estrategia buscaría blindar el reparto actual de cuotas evitando una licitación abierta del nuevo volumen autorizado por la SPRFMO.
