Este martes 17 de junio la Cámara de Diputados votará el informe final del proyecto de ley que redefine el fraccionamiento de 23 pesquerías entre el sector artesanal e industrial. La sesión podría ser decisiva para el avance de la iniciativa impulsada por el Gobierno, pero aún queda un escollo clave: la eventual revisión constitucional del articulado en el Senado, donde la derecha ya ha anticipado objeciones a la nueva patente al jurel.
En las últimas semanas, el debate público se ha concentrado en la redistribución de la merluza común —recurso que quedó con un 43% para el sector artesanal y 57% para el industrial—, lo que ha generado molestia en zonas como Valparaíso y Biobío. Sin embargo, para el Ejecutivo, el corazón de la reforma está en la redistribución de la sardina y la anchoveta en el norte grande.
“La sardina y la anchoveta tenían un 85% asignado al sector industrial y ahora, con esta ley, pasarán a un 85% artesanal. Es una corrección de justicia histórica que revierte la distorsión provocada por la corrupción de la Ley Longueira”, afirmó el subsecretario de Pesca, Julio Salas, en entrevista con El Mostrador.
Según el subsecretario, el proyecto implica una transferencia neta de recursos por unos USD 160 millones desde el sector industrial al artesanal, lo que ha despertado resistencias tanto políticas como judiciales por parte de sectores ligados a la industria. Una de las principales tensiones se concentra en el artículo que establece una patente adicional sobre el jurel, mecanismo de financiamiento que fue cuestionado constitucionalmente por el diputado Sergio Bobadilla (UDI) durante la Comisión Mixta.
El senador Alejandro Kusanovic (RN) también manifestó su rechazo, señalando que:
“Este mecanismo resulta abiertamente inconstitucional al vulnerar el principio de iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gasto público. Además, desnaturaliza el espíritu original del proyecto de ley, ya que en su formulación inicial no contemplaba esta modalidad de financiamiento”.
A su juicio, la medida representa una doble carga para el sector industrial:
“Resulta contradictorio y regresivo reducir las cuotas sectoriales mientras se impone un gravamen adicional a través de patentes. Esta medida no solo genera inseguridad jurídica, sino que penaliza desproporcionadamente a los actores ya consolidados en el mercado, afectando la competitividad y la estabilidad económica del sector”.
Pese a estas críticas, el Ejecutivo confía en las mayorías obtenidas en los trámites anteriores: 111 votos en el primer trámite, 40 a favor en el Senado, y 136 en el tercer trámite en la Cámara. El informe de la Comisión Mixta incluye las normas sobre merluza común, sardina y anchoveta, así como las disposiciones finales del proyecto.
Con miras a la sesión del martes, tanto oficialismo como oposición medirán fuerzas. Pero incluso si se aprueba en la Cámara, el informe deberá volver al Senado, donde las reservas constitucionales anticipadas podrían derivar en un nuevo conflicto, ya sea en la sala o en el Tribunal Constitucional.
