Parlamentarios oficialistas ponen paños fríos a la polémica por la entrega de un dato desactualizado en una de las 24 pesquerías discutidas con amplio respaldo en ambas cámaras. Advierten que los sectores que históricamente han defendido los privilegios industriales están utilizando este incidente para deslegitimar una ley que busca emparejar la cancha entre la pesca artesanal e industrial.
Santiago, 10 de mayo de 2025
La discusión legislativa sobre la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero entró en un punto de inflexión tras la polémica por un dato erróneo entregado por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, durante la sesión del 7 de mayo en la Comisión Mixta. Aunque el Ejecutivo reconoció que la cifra referida al nivel de captura industrial de merluza en 2024 estaba desactualizada y no reflejaba el total anual, el episodio ha sido utilizado por parlamentarios y candidatos presidenciales para cuestionar toda la reforma, generando un clima de incertidumbre en torno a un proyecto que llevaba meses de tramitación y había alcanzado importantes avances para el sector artesanal.
El proyecto —que propone un nuevo reparto de cuotas entre el sector artesanal e industrial en 24 pesquerías— fue aprobado por 111 votos a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de un proceso legislativo con más de 200 audiencias, sesiones en ocho regiones y amplio respaldo de diversas bancadas.
El propio diputado Jorge Brito (FA), uno de los impulsores de la ley, advirtió que esta controversia está siendo “aprovechada políticamente por quienes quieren invalidar el acuerdo de la Comisión Mixta”, recordando que los datos oficiales de SERNAPESCA expuestos en la comisión muestran que la planta PacificBlu —epicentro de la controversia— nunca ha procesado más de 15.000 toneladas, y que la cuota aprobada para 2025 (19.000 toneladas) es más que suficiente para resguardar los puestos de trabajo.
Por su parte, la dirigente artesanal Sara Garrido cuestionó que se utilice un error para revertir avances mínimos:
“Sólo se ha ganado el 52%. Nosotros esperábamos el 70% aprobado por la Cámara. Hoy muchos se sacaron la careta: se ve quiénes están con la pesca artesanal y quiénes con la industria”.
Hernán Cortés, presidente de CONDEPP, también respaldó al Ejecutivo y al subsecretario Salas, recalcando que:
“No es corrupción, como sí lo fue la ley Longueira, que entregó privilegios a perpetuidad a siete familias. Esto se ha discutido con transparencia, en más de 200 audiencias públicas”.
Una discusión con historia e intereses industriales
El diseño original del Ejecutivo buscaba una redistribución progresiva sin afectar el empleo industrial, gracias al incremento del 25% de la cuota global de jurel aprobado por la OROP. Sin embargo, la licitación de esa nueva cuota fue rechazada por la Comisión Mixta, con el voto clave del senador socialista Fidel Espinoza, alineado con la oposición.
Espinoza, presidente de la Comisión Mixta, ha sido un actor crítico del gobierno de Gabriel Boric, y en esta ley se ha desmarcado del Ejecutivo en dos puntos centrales:
- Se opuso al 70% de merluza artesanal
- Votó contra las licitaciones de jurel, que buscaban abrir el mercado a nuevos actores y financiar un fondo social para pescadores artesanales
Su decisión, junto con la crisis provocada por el anuncio de cierre de la empresa industrial PacificBlu luego de anunciada una cuota mayor para pescadores artesanales, reabrió el escenario político. El propio senador amenazó este viernes en entrevista en CNN Chile con no seguir adelante con el proyecto de ley:
“No le voy a dar continuidad a la ley de fraccionamiento. Como presidente de la comisión tengo esa facultad hasta que el gobierno no solucione este problema”.
Por su parte, figuras presidenciables como Evelyn Matthei y Carolina Tohá, parlamentarios de oposición y el senador socialista Gastón Saavedra pidieron revisar la ley “antes de que sea despachada”, los sectores artesanales denuncian que se intenta “pasar la aplanadora” nuevamente, como ocurrió con la Ley Longueira en 2012.
En palabras del senador Daniel Núñez (PC):
“La derecha se escandaliza por un dato erróneo, pero calló cuando Corpesca coimeó a Orpis e Isasi para aprobar la ley corrupta que estamos tratando de revertir”.
Lo que está en juego
La ofensiva de la industria, la oposición al proyecto del Ejecutivo y los candidatos presidenciales, podría generar importantes retrocesos para el mundo artesanal:
- El fraccionamiento de la merluza común, una de las especies más relevantes para la pesca artesanal del centro-sur.
- Propuesta del Ejecutivo: aumentar la participación artesanal al 70% en la zona norte-centro y mantener un equilibrio del 50-50 en el sur, basado en criterios de sustentabilidad y equidad.
- Resultado tras las comisiones: el Senado rechazó el 70% y en la Comisión Mixta se llegó a un 52% artesanal y 48% industrial, con votos clave del PS y la derecha. La decisión fue cuestionada por la industria, que anunció el cierre de PacificBlu. Aun así, la industria quiere bajar aun más la cuota artesanal.
- La licitación de parte del aumento de cuota del jurel, como mecanismo de financiamiento público.
- Propuesta del Ejecutivo: subastar 10-15 puntos del 25% adicional de cuota de para generar más de US$ 200 millones en cuatro años, destinados a un fondo social artesanal, becas e investigación.
- Resultado tras las comisiones: fue rechazada en la Comisión Mixta, nuevamente con el voto de senadores del PS y oposición. Sin licitación, el proyecto quedó sin financiamiento directo. El gobierno debe entregar una nueva propuesta de financiamiento esta semana.
- El reequilibrio territorial de cuotas en regiones como Atacama, Coquimbo y Los Lagos, que históricamente han tenido menor acceso a recursos pesqueros pese a su relevancia artesanal.
- Propuesta del Ejecutivo: redistribuir el acceso a cuotas considerando criterios regionales, para fortalecer caletas y economías locales.
- Resultado tras las comisiones: la oposición ha buscado frenar o diluir estos cambios, priorizando la mantención de cuotas industriales ya establecidas en las regiones donde operan sus principales plantas.
