Santiago.– En una entrevista exclusiva con Pesca Hoy, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami presentó una de sus ideas más audaces sobre cómo mejorar el manejo del mar en Chile. ¿Su propuesta? Ir ampliando poco a poco las licitaciones de cuotas pesqueras hasta que, para el 2030, cubran el 60% de lo que se asigna a la pesca industrial. La meta detrás de esto: recuperar la transparencia y la confianza en el sistema pesquero del país.
El exparlamentario calificó las licitaciones como “el mecanismo más transparente y moderno para recuperar la legitimidad en la política pesquera y garantizar que el mar vuelva a ser un bien común”.
“Hoy las principales cuotas industriales siguen concentradas en pocas empresas gracias a asignaciones heredadas de la Ley Longueira”, advirtió, agregando que en su eventual gobierno impulsará una nueva Ley de Pesca basada en tres principios: “licitación abierta y competitiva, trazabilidad y sustentabilidad”.
Recaudación y equidad en el acceso a los recursos
Consultado sobre el impacto económico de las licitaciones, Enríquez-Ominami respaldó los datos entregados por el Ministerio de Economía que muestran que las licencias tipo B cuadruplican la recaudación frente a las tradicionales tipo A. “Chile no puede seguir regalando rentas naturales a grupos económicos mediante asignaciones gratuitas o perpetuas”, señaló.
“Ampliaremos gradualmente el porcentaje de licitación hasta cubrir al menos el 60% de las cuotas industriales al 2030, asegurando que esos recursos se reinviertan en investigación científica, vigilancia pesquera y desarrollo de la pesca artesanal”, explicó, enfatizando que la legitimidad del sistema “depende de que las reglas sean iguales para todos y que el mar beneficie al país, no a unos pocos”.
Propuestas para el sector artesanal
Respecto a la pesca artesanal, el candidato sostuvo que “no necesita discursos: necesita Estado, ciencia y mercado justo”. En su programa propone integrar la redistribución de cuotas dentro de una Estrategia Azul Nacional con tres ejes centrales:
Fondo Azul Nacional, financiado con parte de la recaudación de las licitaciones, destinado a infraestructura, modernización de caletas, digitalización y trazabilidad.
Cuotas sociales y territoriales, reservando el 10% de toda cuota licitada para organizaciones artesanales con certificación de sustentabilidad.
Valor agregado y empleo costero, impulsando alianzas entre cooperativas artesanales y empresas tecnológicas para desarrollar alimentos marinos de alto valor.
Además, adelantó su intención de fortalecer el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y crear una Subsecretaría del Mar que unifique las políticas de pesca, conservación y economía azul bajo una sola gobernanza. “No se trata solo de pescar mejor, sino de vivir mejor del mar, con justicia, ciencia y soberanía”, afirmó.
Una visión de Estado para el océano
Las declaraciones de Enríquez-Ominami marcan una línea de continuidad con el debate sobre la nueva Ley General de Pesca que actualmente tramita el Congreso, pero con un acento más estructural: el candidato propone una reforma completa del modelo, con licitaciones amplias, redistribución social de los ingresos y un rediseño institucional que reconozca al mar como un bien público estratégico.
