Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric lideró este jueves la ceremonia de promulgación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, una reforma que transforma la manera en que se distribuyen las cuotas de captura entre la pesca artesanal y la industria. Acompañado por los ministros Nicolás Grau (Economía), Giorgio Boccardo (Trabajo) y el subsecretario de Pesca, Julio Salas, el Mandatario subrayó el enfoque redistributivo de esta nueva normativa.
“El lema ‘pesca para el que pesca’ puede sonar sencillo, pero encierra una verdad profunda. La riqueza que generan las y los trabajadores del mar debe permanecer en sus manos. Esta ley lo hace posible”, afirmó Boric.
El sector industrial expresa preocupación por el empleo y advierte sobre acciones legales
Desde el gremio de los Pescadores Industriales del Biobío, su presidenta Macarena Cepeda expresó su preocupación por el impacto que la nueva norma tendrá en la industria pesquera del sur:
“Con la ley promulgada hoy, la actividad industrial del Biobío se verá reducida. Tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad más limitada, pero nos enfocaremos en proteger el empleo regional, la producción de alimentos y el cuidado de los recursos”, declaró.
La dirigenta mencionó que el traspaso de cerca de 200 mil toneladas de jurel al sector artesanal —valoradas en US$160 millones— debería traducirse en mejoras reales para los pescadores de pequeña escala. Sin embargo, afirmó que apoyarán a las empresas que decidan recurrir a tribunales nacionales e internacionales, alegando una “expropiación encubierta” de permisos y fraccionamientos.
“Esperamos que esta ley ponga fin a una hostilidad injustificada hacia la pesca industrial y que se reconozca también nuestro papel en la sostenibilidad y seguridad alimentaria del país”, concluyó.
Redistribución centrada en los territorios
La Ley 21.752, publicada el 25 de junio en el Diario Oficial, modifica la actual Ley de Pesca en 23 pesquerías comerciales. Según cifras del Ejecutivo, implicará un traspaso neto de cerca de 150 mil millones de pesos al año desde el sector industrial hacia el artesanal.
El Presidente enfatizó que la nueva norma no solo modifica la distribución de cuotas, sino que también tiene como objetivo corregir desigualdades históricas entre las distintas regiones:
“Zonas como La Araucanía, que han tenido escasa representación en recursos clave, verán fortalecida su participación”, comentó Boric.
El nuevo sistema comenzará a aplicarse en enero de 2026 y establece criterios técnicos que facilitarán un acceso más equitativo a los recursos pesqueros.
Cambios en la fiscalización y acceso a cuotas
La ley también introduce modificaciones importantes en el ámbito del control. Aumenta las sanciones contra la pesca ilegal, prohíbe que empresas con infracciones graves accedan a aumentos de cuota por fraccionamiento dinámico y exige una mayor trazabilidad en los desembarques.
Una ley impulsada desde las caletas
Durante su intervención, el ministro de Economía, Nicolás Grau, subrayó el enfoque territorial del proyecto:
“Esta ley surge de una demanda que proviene de las caletas, desde las bases. Es un triunfo del trabajo colectivo y de la perseverancia de los pescadores artesanales por una distribución más justa”.
El subsecretario Julio Salas destacó que el nuevo esquema proporciona reglas claras, reduce la discrecionalidad en la asignación de cuotas y fomenta un desarrollo más equitativo entre las regiones.
